Para avanzar en el tratamiento del proyecto que plantea la modificación de la Ley N° 8471, propuesta que apunta a fortalecer las garantías y la seguridad de los alumnos frente a situaciones vinculadas con antecedentes penales o imputaciones de quienes aspiren a desempeñarse en cargos docentes y no docentes, la Comisión de Educación del Senado abrió una ronda de consultas, que en esta primera ocasión abarcó al Ministerio de Educación.
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Senado inició este miércoles una ronda de consultas para analizar el proyecto que modifica el primer párrafo del artículo 1° de la Ley provincial N° 8471.
La iniciativa propone, además de impedir el ingreso o la permanencia en funciones docentes o no docentes de personas imputadas por delitos contra la integridad sexual mientras dure el proceso, la de quienes hayan sido condenadas por delitos dolosos de cualquier naturaleza, ampliando así el rango de acción en materia de garantías y seguridad para los alumnos.
En encuentro fue encabezado por el titular de la comisión, Dani Nolasco, junto a los senadores, Alejandra Navarro (autora), Walter Cruz, Sonia Magno y Leopoldo Salva. Por el Ministerio de Educación asistieron el secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker y Gustavo Guanca, de Asuntos Jurídicos.
La autora explicó que la iniciativa surgió de la necesidad de brindar más protección y resguardo a los alumnos y que responde a situaciones concretas observadas en el sistema educativo.
Desde el Ministerio de Educación se valoró la iniciativa y se sugirió la necesidad de definir con mayor precisión qué tipo de delitos dolosos con condena impedirían el ingreso y qué tipo de procesos penales en trámite serían los considerados para restringir el acceso a funciones educativas.
Williams Becker señaló la importancia de mantener criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad y de distinguir entre situaciones de imputación vinculadas a delitos sexuales —ya contempladas con mayor rigor en la legislación vigente— de otras figuras penales que pueden requerir tratamiento diferenciado.
