El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, confirmó que avanza la investigación federal sobre el padrón electoral del municipio, donde se detectó una diferencia significativa entre la cantidad de habitantes y de electores. La localidad cuenta con menos de 4.000 habitantes, pero figuran 5.700 personas habilitadas para votar, lo que desencadenó una causa judicial por presuntas maniobras de falsificación de domicilio.
La denuncia original fue presentada por la exdiputada Virginia Cornejo. A partir de ello, la Justicia Federal identificó 2.864 personas sospechadas de haber aportado datos falsos para integrarse al padrón. Gendarmería solicitó al municipio la publicación completa del listado, que hoy se encuentra exhibido en la entrada del edificio comunal y también en la página oficial de Facebook.
Según explicó Zigarán, el Juzgado otorgó ocho días para que los ciudadanos mencionados ratifiquen o rectifiquen su información a través del correo electrónico oficial dispuesto para el trámite.
Avance en la numeración de viviendas
El interventor señaló que durante años la falta de numeración en las viviendas permitió que personas no residentes fueran inscriptas en domicilios inexistentes o sin referencia precisa. Explicó que esto facilitó la utilización de direcciones como “20 de Febrero s/n”, donde podían figurar cientos de electores en una sola casa.
Zigarán indicó que, desde su llegada en septiembre, se puso en marcha un proceso de ordenamiento urbano y numeración, que actualmente atraviesa una segunda etapa para asegurar que todas las viviendas cuenten con identificación clara y verificable.
Panorama económico: preocupación en municipios del país
El interventor también se refirió al cierre del año y a la situación financiera de los gobiernos locales. Indicó que, mientras más de 80 municipios de la provincia de Buenos Aires prevén problemas para pagar sueldos y aguinaldos, Aguas Blancas mantiene equilibrio fiscal y no requiere asistencia provincial.
Sin embargo, advirtió que la crisis nacional profundiza el impacto en coparticipación y en la prestación de servicios municipales.
