El principal investigado se desempeñaba en la Dirección de Administración del SPPS. El esquema habría movilizado más de 2.700 millones de pesos, implicaría a más de un centenar de efectivos y se habría sostenido mediante promesas de altos rendimientos y una red interna de captación de fondos.
Durante la mañana de este jueves 18, personal del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales realizó, un total de siete allanamientos en el marco de una investigación por estafas bajo la modalidad piramidal o esquema Ponzi, que involucra a agentes del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta.
Del operativo participaron 33 efectivos del Departamento de Investigaciones y Criminología, junto a personal de UDEC. Los procedimientos se concretaron en domicilios ubicados en la zona centro de la ciudad de Salta, en los barrios Democracia, Divino Niño y Primera Junta, y en dos viviendas de la localidad de Cerrillos. Como resultado, se secuestraron dispositivos electrónicos, celulares, documentación considerada de interés para la causa y la suma de $1.317.000 en efectivo. Además, por requerimiento fiscal, fueron inmovilizadas 15 cuentas bancarias pertenecientes al principal investigado y de la plataforma Cocos, a donde fueron enviados $ 120 millones.
La fiscal Salinas Odorisio investiga distintas denuncias formuladas contra un cabo primero del Servicio Penitenciario, presentadas mayormente por integrantes de fuerzas de seguridad. De acuerdo con los relatos, el acusado les habría ofrecido un “sistema” de inversiones que, según manifestaba, funcionaba desde la pandemia. El esquema se presentaba como un círculo cerrado y confidencial, sin monto mínimo de ingreso, con promesas de intereses mensuales que oscilarían entre el 10% y el 15%, y con posibilidad de realizar retiros parciales del capital.
Como suele ocurrir en este tipo de maniobras, las personas denunciantes indicaron que durante los primeros meses habrían recibido pagos parciales de intereses e incluso devoluciones de capital, lo que habría reforzado la confianza y favorecido la continuidad de los aportes. Con el paso del tiempo, comenzaron las demoras, pedidos de prórroga, transferencias a través de cuentas de terceros y, finalmente, el cese casi total de las respuestas.
Una de las denunciantes, también agente penitenciaria, señaló haber entregado $7.000.000 y haber percibido durante los meses de junio y julio rendimientos del 15%, hasta que en agosto el denunciado habría dejado de cumplir con los pagos, alegando problemas financieros, para luego interrumpir toda comunicación. Otra mujer, personal de seguridad de la Alcaidía General de la Ciudad, manifestó haber entregado $1.000.000 en agosto sin haber obtenido ganancias ni respuestas. En tanto, una tercera agente del Servicio Penitenciario denunció haber aportado más de $24.000.000, tras lo cual su compañero habría dejado de responder sus mensajes.
A partir del análisis de extractos bancarios y del entrecruzamiento de datos, los investigadores de UDEC detectaron 409 operaciones concentradas en solo tres cuentas virtuales del investigado —Mercado Pago, Ualá y Naranja X—, aunque el circuito total habría involucrado al menos 22 cuentas. El volumen de dinero movilizado superaría los $2.702.170.181. Asimismo, se identificó que al menos 122 efectivos del Servicio Penitenciario habrían realizado transacciones con el denunciado, además de personas empadronadas como visitas, ex internos y terceros ajenos a la institución.
En ese contexto, se detectó también el envío de más de $120 millones a la firma Cocos Capital SA, maniobra que simularía inversiones reales y a otorgar apariencia de legalidad al circuito financiero investigado.
La investigación permitió además establecer que el denunciado no habría actuado de manera aislada. La evidencia reunida indicaría la existencia de una estructura interna, con funcionarios que habrían cumplido roles activos como puntos de captación y canalización de fondos de terceros. Entre los casos analizados se destaca el de una funcionaria penitenciaria (última denunciante), cuyo perfil económico y crediticio resultaría incompatible con las más de 94 transferencias realizadas al acusado por un monto superior a los $118 millones. Sus ingresos declarados, su historial crediticio y su capacidad financiera comprometida tornarían improbable que esos fondos provinieran de capital propio, por lo que se investiga si habría actuado como canalizadora de dinero de otros damnificados, con un rol relevante en la operatoria.
El mismo patrón se advertiría en otros agentes del Servicio Penitenciario que registran un doble flujo de dinero: transferencias significativas hacia el denunciado y retornos periódicos que se corresponderían con el pago de supuestos intereses. Este mecanismo habría servido para sostener la confianza interna, legitimar el engaño y ampliar la red de captación dentro de la institución.
Para la fiscal la maniobra respondería a una estructura de tres niveles: el denunciado, vinculado a áreas administrativas del Servicio Penitenciario, como organizador del esquema; un grupo reducido de funcionarios que habrían actuado como captadores y consolidadores de fondos, aprovechando el vínculo laboral y la confianza entre pares; y una base amplia de aportantes integrada por más de un centenar de efectivos penitenciarios. Además, consideró que el desarrollo de la maniobra dentro del propio ámbito institucional agravaría la situación investigada, al implicar un eventual abuso del cargo y de la confianza depositada entre compañeros de trabajo.
Tras el operativo, el principal investigado y una mujer fueron citados a audiencia de imputación.
