La Fiscalía de Derechos Humanos de Metán investiga una grave denuncia por torturas y apremios ilegales ocurridos en la Unidad Carcelaria N° 2. Mientras avanza la causa judicial, el secretario de Justicia de Salta, Javier Mónico, se refirió públicamente al caso, habló de sobrepoblación, déficit de infraestructura y aseguró que “nadie puede avalar tratos denigrantes”.
Una denuncia penal por presuntos hechos de tortura, apremios ilegales y vejaciones dentro de la Unidad Carcelaria N° 2 de Metán activó una investigación judicial que vuelve a poner en el centro del debate las condiciones de detención y el accionar del Servicio Penitenciario en el sur de la provincia.
La causa es investigada por la Fiscalía de Derechos Humanos de Metán y se originó a partir de la presentación realizada por Maximiliano Exequiel Torrejón, un interno de 30 años, quien aseguró haber sido violentamente agredido por personal penitenciario el domingo 11 de enero, alrededor de las 21.50, tras un conflicto previo en el pabellón.
Según consta en la denuncia, Torrejón relató que fue reducido por varios efectivos -algunos con el rostro cubierto-, sacado de su celda y trasladado por sectores del penal donde no habría cámaras de seguridad. Allí, siempre de acuerdo a su testimonio, fue obligado a arrodillarse, golpeado con puños, patadas y bastones, y luego arrastrado por distintas dependencias de la unidad.
El ataque habría continuado en el baño del pabellón, donde el interno denunció maniobras de asfixia, torsiones en brazos y piernas, insultos y burlas mientras permanecía inmovilizado. Uno de los puntos más sensibles de la presentación está vinculado a una lesión en su pierna izquierda, donde Torrejón posee placas y clavos producto de seis cirugías previas realizadas antes de su detención.
De acuerdo al expediente, los golpes impactaron en esa zona y, posteriormente, un informe médico del Poder Judicial, firmado por el doctor Apaza, constató la “rotura de placa”. El interno también aseguró haber escuchado una conversación entre médicos del penal y del hospital Del Carmen en la que, presuntamente, se habría solicitado que esa fractura no fuera consignada en el informe médico.
Además, la denuncia señala demoras en la atención sanitaria, pese al intenso dolor, la imposibilidad de movilizarse y episodios de pérdida de conocimiento. Desde el día del hecho, Torrejón permanece alojado en una celda de aislamiento conocida como “chancho”, situación que su defensa calificó como una medida de castigo prolongado.
El abogado del denunciante, Víctor Gomes, sostuvo que “son prácticas deplorables que lamentablemente siguen existiendo” y cuestionó el uso prolongado de la prisión preventiva, al advertir que su defendido lleva casi un año detenido sin condena firme. También solicitó medidas de protección, garantías para su integridad física, continuidad del tratamiento médico y un eventual traslado a otra unidad ante el temor de represalias.
En medio de la polémica, el secretario de Justicia de la provincia, Javier Mónico, se refirió públicamente al caso y aportó la postura oficial. El funcionario explicó que Torrejón fue trasladado a una celda de aislamiento y luego derivado al hospital Del Carmen, donde se le realizaron estudios radiológicos los días 12 y 13 de enero. Según indicó, los informes médicos iniciales no reflejan lesiones graves, más allá de escoriaciones menores.
Mónico aclaró que la Fiscalía de Derechos Humanos ya solicitó informes al Servicio Penitenciario, los cuales fueron remitidos junto con registros de video del sistema interno. “Es el primer elemento con el que uno cuenta, pero no es la verdad absoluta. La Fiscalía va a investigar como corresponde y desde la Secretaría vamos a brindar toda la información posible”, afirmó.
El funcionario también reconoció que el interno presentaba una fractura antigua de tibia y peroné, producto de un accidente ocurrido años atrás, y sostuvo que todos esos elementos deberán ser analizados en el marco de la investigación.
Finalmente, el secretario de Justicia fue categórico al marcar su postura personal. “De ninguna manera se puede avalar la tortura o los tratos denigrantes. El Servicio Penitenciario cumple una función complementaria del sistema de seguridad, pero también debe trabajar en la reinserción y rehabilitación. La mayoría de estas personas va a volver a la sociedad, y nadie quiere que regresen con más resentimiento”.
También se refirió a las condiciones de vida dentro de los penales y al ingreso de elementos prohibidos. “Hay internos durmiendo sin colchones, se conocen situaciones porque tienen celulares, algo que no debería ocurrir. No estamos de acuerdo con que personas privadas de la libertad vivan en estas condiciones, porque no ayuda en nada a su rehabilitación”, concluyó.
Mientras la investigación judicial avanza, el caso vuelve a exponer las tensiones entre denuncias por violencia institucional, versiones oficiales contrapuestas y una realidad carcelaria que sigue siendo objeto de fuertes cuestionamientos en la provincia.
El Vocero de Metan
