Una detención sin registros, hábeas corpus, y una trama de irregularidades que vuelve a poner en foco la violencia institucional contra personas trans en Salta.
La aparición con vida de Marlen Alejandra Emilce Villarrubia, conocida como “La Grillo”, trajo alivio, pero también encendió nuevas y más profundas alarmas. La mujer trans, cuyo paradero se desconocía desde el 7 de enero tras un procedimiento policial, se presentó el sábado por la tarde en los estudios de Canal 10 y denunció públicamente haber sido detenida de manera irregular y haber sufrido golpes, coacciones y malos tratos en la Comisaría Segunda de la ciudad de Salta.
Su testimonio llega después de días de extrema preocupación, hábeas corpus presentados ante la Justicia provincial y federal, comunicados de organismos de derechos humanos y una intensa búsqueda impulsada por la Defensoría Pública, el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y organizaciones del colectivo LGBTIQNB+. La secuencia de hechos expone una cadena de fallas estatales que, lejos de ser un error aislado, vuelve a poner bajo la lupa la violencia institucional y la vulnerabilidad estructural que atraviesan las personas trans.
Frente a cámaras, Marlen relató con crudeza lo que vivió. “Mi nombre es Marlene Alejandra Villarrubia. Estuve desaparecida justamente porque la Policía de la Segunda me llevó detenida sin justificación alguna”, afirmó. Según su testimonio, los efectivos le informaron que existía un pedido de captura en su contra, aunque aseguró no saber si era verdadero o no y remarcó que nunca fue puesta formalmente a disposición de la Justicia.
“Un fiscal de la Policía Federal, el fiscal del Juzgado Federal, el que me hizo la causa, a lo cual no me hicieron firmar papeles de detención ni nada”, agregó, señalando la ausencia total de documentación que respalde su privación de libertad. Marlen denunció además haber sido “accionada y coaccionada en varias ocasiones por gente que no conozco” y aseguró haber sido golpeada. “Fui golpeada, como verán esto es lo que me pasó. Tengo puntos por dentro y por fuera”, dijo, mostrando las lesiones. Lejos de retirarse en silencio, dejó un mensaje contundente. “Yo no me voy a ir de Salta. Hasta que no se haga justicia de lo que se me hizo, no me pienso ir”, sostuvo y apuntó directamente a la Comisaría Segunda de la ciudad de Salta. Y agradeció el acompañamiento recibido.
Comisaria segunda en calle Pellegrini
La previa: una desaparición bajo custodia estatal
Antes de su aparición pública, la situación de Marlen ya había encendido todas las alarmas institucionales. El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Salta interpuso el viernes un hábeas corpus ante el Juzgado de Garantías N° 4, a cargo del juez Diego Rodríguez Pipino, al no existir información oficial sobre su paradero luego de un procedimiento policial.
En la presentación judicial se exigió que se informe de manera inmediata su situación y se resguarden sus derechos y garantías. “La desaparición de una persona bajo custodia policial es responsabilidad del Estado”, advirtieron también desde la Colectiva de Trabajadoras del Ministerio Público de la Defensa y desde Mujeres Trans Argentina (MTA) Salta, que reclamaron su aparición inmediata, respuestas claras y una investigación urgente.
“No había registros, ese fue el dato más alarmante”
En diálogo con Nuevo Diario, el comisionado del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, Giordamachi, explicó cómo se activó la búsqueda y por qué el caso reviste una gravedad institucional extrema. “Nos llega una denuncia el miércoles por la tarde de la asociación “Yo No Fui”, que acompaña al colectivo LGTBIQ+, informando que no tenían noticias del paradero de una persona trans, de Marlén Villarrubia, alias La Grillo”, relató. A partir de esa alerta, el Comité inició consultas formales ante la Policía de Salta, el Servicio Penitenciario provincial y federal.
“Todos los resultados nos daban negativo, no la tenían registrada”, explicó. Ante esa ausencia total de información, el organismo presentó un hábeas corpus de búsqueda por desaparición de persona. “Exigimos no solamente que se nos informe la situación de hecho y de derecho, sino la aparición con vida de esta persona”, señaló. Fue a partir de esa intervención judicial que comenzaron a surgir datos parciales. “Se descubre que el 5 de enero es demorada por la Comisaría Segunda del barrio Santa Cecilia y trasladada al Centro de Contraventores, donde no la quieren recibir porque allí no se alojan ni mujeres ni personas trans”, detalló Giordamachi. Desde ese punto, “se pierde el rastro de los registros”. Si bien se indicó que habría recuperado la libertad, “no hay un registro de egreso”. “Hay una deficiente registración, una falta de datos que es lo más alarmante”, subrayó.
Una alerta democrática y de derechos humanos
La periodista y militante de la Asamblea Lesbotransfeminista, Teresita Frías, aportó un análisis que pone el caso en un marco más amplio. “Hay casos que duelen de una manera particular porque condensan muchas violencias a la vez”, señaló. “Otra vez en Salta hablamos de personas desaparecidas. No estamos frente a un error administrativo, estamos frente a una cadena de irregularidades graves que, en nuestro país, tienen un nombre histórico y una memoria muy pesada”. Frías remarcó que cuando una persona es detenida, “el Estado se vuelve responsable de su vida y su integridad”, y que esa obligación “debería extremarse” cuando se trata de una persona trans, pobre y sin redes de contención.
“Lo que vemos es lo contrario: actas que no existen, traslados que nadie puede explicar, dependencias que se pasan la pelota y un silencio institucional que preocupa”, advirtió. Además, subrayó que el caso no puede leerse como un hecho aislado. “Las personas trans siguen siendo uno de los colectivos más expuestos a la violencia institucional. Lo dicen las estadísticas, lo dicen las organizaciones y lo confirma cada historia concreta”, afirmó. Y concluyó con una advertencia política de fondo: “Que hoy haya dos hábeas corpus buscando a Marlen es una señal de alerta democrática. El Estado salteño tiene la obligación de responder ya, con transparencia y sin encubrimientos”.
La aparición de Marlen Villarrubia trajo alivio, pero no cierra el caso. Por el contrario, abre una etapa decisiva: la de la investigación sobre lo ocurrido durante su detención, la responsabilidad de las fuerzas de seguridad, la ausencia de registros oficiales y las lesiones denunciadas por la propia víctima.
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