El tribunal colegiado a cargo del juicio seguido contra el ex intendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando Gonza; el exsecretario de Hacienda de esa comuna, Rogelio Higinio Guaymás, y el concejal Aldo Dalmiro Gonza, hizo lugar hoy a un pedido de prórroga presentado por los defensores técnicos de los hermanos Gonza, recientemente designados.
Los jueces consideraron procedente otorgar un plazo para la compulsa del voluminoso legajo de investigación, garantizando así una defensa eficaz a los acusados. Con tal fin se resolvió diferir la continuidad de la audiencia para el próximo miércoles 11 de febrero, a las 9.30. En la oportunidad se llevará a cabo la lectura de la requisitoria fiscal de elevación a juicio, se declarará la apertura del debate y se resolverán algunas cuestiones preliminares, además de establecerse el orden de los testigos.
El tribunal está integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Francisco Mascarello (vocales). Por el Ministerio Público interviene la fiscal Claudia Geria. En la querella, en representación de la Municipalidad de San Lorenzo, se desempeñan Juan Casabella Dávalos y Débora Ramírez (apoderada de la comuna). La defensa del acusado Rogelio Guaymás está a cargo de Juan Diego Herrera. Los coimputados Gonza son representados por Ariel Ernesto Vázquez (Ernesto Fernando) y Sergio Alejandro Herrera (Aldo Dalmiro).
Ernesto Fernando “Kila” Gonza está imputado como autor de los delitos de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, todo en concurso real. Rogelio Guaymás, está acusado por peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real. Finalmente, Aldo Dalmiro Gonza está imputado por peculado, en calidad de partícipe necesario.
La denuncia fue presentada por el actual jefe comunal de San Lorenzo, quien luego de asumir -durante su primer mandato- dispuso la realización de una auditoría externa respecto de la gestión de su antecesor, Ernesto Gonza. El informe final reveló numerosas inconsistencias.
Según consta en la causa, el exjefe comunal incumplió en forma reiterada las normativas que regulan el sistema financiero y de gestión de la administración pública municipal. Según el decreto de imputación, los coimputados habrían dispuesto en forma discrecional de los recursos municipales sin observar normas vigentes, lo que habría derivado en un grave perjuicio al erario municipal. Estas maniobras habrían facilitado el manejo a voluntad de los fondos públicos. Esto, sumado a la falta de rendición de cuentas por parte del exjefe comunal al término de su mandato.
