Lo hizo la Subsecretaría de Derechos Humanos a través de una solicitud presentada a la CIDH. Argumentan que cometió delitos que amerita “que cumpla su condena tras las rejas”. La dirigente cumplió dos tercios de su pena y puede pedir libertad condicional.
A pocos días de haberse cumplido 10 años de su detención, el Gobierno solicitó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el fin de la prisión domiciliaria de Milagro Sala, quien permanece bajo ese régimen desde 2017 en cumplimiento de una disposición del tribunal internacional. El pedido oficial busca que la dirigente social jujeña pase a cumplir su condena en un establecimiento penitenciario común.
La solicitud fue realizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, que alegó que la solicitud responde a que Milagro Sala, exlegisladora provincial y referente de la Organización Barrial Túpac Amaru, fue condenada por delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas. La sentencia firme establece una pena de quince años de prisión e inhabilitación absoluta. La Subsecretaría, que depende de Joaquín Ignacio Mogaburu, sostiene que la prisión domiciliaria representa un beneficio que “no corresponde dada la gravedad de los delitos”.
En la presentación ante la CIDH, el Estado argentino rechazó las denuncias de “hostigamiento judicial” presentadas por la defensa de Sala. La documentación oficial incluyó registros que, según el Ministerio, muestran que la dirigente habría violado las condiciones de su arresto domiciliario tras cambiar de domicilio sin la autorización judicial correspondiente. Ese movimiento activó alertas en el sistema de monitoreo electrónico, lo que motivó acciones de control adicionales por parte de las autoridades penitenciarias.
