A raíz de la muerte de José Antonio «Nity» Cuellar, cometida el 28 de enero bajo custodia de la Comisaría N°1 de Joaquín V. González, el Comité Provincial de Prevención de la Tortura (CPT) realizó ayer una inspección en el lugar.
La visita estuvo a cargo de la comisionada Cristina Cobos y el comisionado Andrés Giordamachi, junto a Fernando Pequeño Ragone de la Asociación Miguel Ragone, también integrante de la Mesa de Derechos Humanos.
El monitoreo incluyó una inspección general, registro fotográfico, recopilación de datos y entrevistas con las personas detenidas.
El CPT describió el espacio de alojamiento como sumamente precario, insalubre y sin condiciones mínimas para alojar personas privadas de libertad. Durante la visita había unas 20 personas; el día de la muerte de Cuellar, más de 30.
“Lo que más nos interesa es que se lleve adelante una investigación objetiva, completa y con perspectiva de derechos humanos, que no se nutra solamente de un discurso policial”, manifestaron desde el Comité en diálogo con Anta Periodismo.
Actualmente hay siete imputados por homicidio doblemente calificado, quienes ya fueron trasladados a otros establecimientos. Hoy familiares indicaron que cinco de ellos fueron llevados a la Alcaidía General de la ciudad de Salta y dos a Metán.
Sin embargo, el CPT lamentó que el hecho haya ocurrido en un contexto que pudo haberse evitado.
“Lo que creemos nosotros es que el caso o la situación, el hecho en sí, se pudo haber evitado. Eso es lo que más lamentamos, porque son casos que se pueden prever y que el desenlace fue un conjunto de malas decisiones”, señalaron.
“En ese conjunto de malas decisiones también la fiscalía deberá investigar para ver si no hay alguna atribución de responsabilidad de otras personas que no sean solamente los imputados”, subrayaron.
El CPT recalcó que las comisarías no son lugares aptos para alojar personas privadas de libertad y su uso como espacios de detención contradice los estándares mínimos exigidos por los tratados internacionales de derechos humanos. También recordaron que por el hacinamiento en dependencias policiales presentaron en 2024 un Habeas Corpus Colectivo Correctivo que se tramita ante la Corte de Justicia de Salta.
