La desidia tiene fecha de vencimiento, pero parece que las obras no. Se cumple exactamente un año desde que las autoridades provinciales del Registro Civil reconocieron, en este mismo espacio, que las condiciones edilicias del edificio municipal (donde conviven con el IPV y la Secretaría de Trabajo) eran críticas.
En marzo de 2025, el compromiso fue claro: inicio de obras inminente y un plan de traslado para garantizar la dignidad tanto de los trabajadores como de los ciudadanos.
Hoy, marzo de 2026, la realidad es una burla al archivo.
La postal de hoy es la misma de hace doce meses: filtraciones graves en los techos, canaletas obstruidas y el agua ganando terreno en la sala de matrimonios. La alfombra, símbolo de la recepción a los vecinos, hoy es un foco de humedad y suciedad.
Se llegó a mencionar un galpón en la calle Mendoza como alternativa, un espacio que ni siquiera contaba con las condiciones climáticas básicas (aire acondicionado) para resguardar la documentación y la atención al público.
Pese a las inspecciones oculares realizadas el año pasado, no se ha ejecutado una sola mejora estructural. El tiempo “exorbitante” que demandarían las obras, según los propios funcionarios, se convirtió en un tiempo de abandono total.
El interrogante para los legisladores y responsables de infraestructura es uno solo: ¿Cuál es el destino de los fondos y gestiones anunciadas hace un año? No se puede hablar de modernización del Estado ni de servicio al ciudadano cuando el primer contacto con la identidad civil se hace entre charcos de agua y techos que amenazan con ceder.
