La administración municipal de Hipólito Yrigoyen atraviesa una profunda crisis operativa que ha derivado en la interrupción total de servicios eléctricos en dependencias estratégicas. Desde hace más de una semana, sectores claves para el funcionamiento comunitario y administrativo permanecen a oscuras debido a la falta de pago de los suministros, una situación que escaló hasta el retiro físico de los medidores de energía por parte de la empresa prestataria. Esta parálisis no solo afecta la imagen institucional del municipio, sino que impacta de manera directa en la prestación de servicios básicos a la ciudadanía.
Uno de los puntos críticos de este conflicto se localiza en el Complejo Municipal, espacio donde históricamente se desarrollan las actividades deportivas y recreativas de la localidad. La falta de fluido eléctrico ha forzado el cese de las actividades, dejando a los vecinos sin el principal punto de contención social del distrito. La gravedad de la medida, que incluyó la remoción del equipo de medición, evidencia una delicada situación financiera en el Ejecutivo que ha trascendido la demora administrativa para convertirse en un impedimento físico para el uso de las instalaciones públicas.
De igual manera, la crisis ha alcanzado al Centro de Integración Comunitaria (CIC), edificio que actualmente centraliza las funciones de la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen. Esta interrupción del servicio eléctrico ha generado un bloqueo administrativo total, impidiendo que los ciudadanos realicen gestiones esenciales como la tramitación de licencias de conducir o la presentación formal de notas y expedientes. La imposibilidad de operar los sistemas informáticos y administrativos básicos coloca a los contribuyentes en una situación de indefensión frente a sus necesidades de documentación y trámites legales.
Frente a este escenario de acefalía operativa, el Concejo Deliberante de la localidad debió intervenir de manera excepcional durante su periodo de receso. A través de la Resolución Nº 03/2026, el cuerpo legislativo emitió un emplazamiento formal al Departamento Ejecutivo Municipal, otorgándole un plazo perentorio de 72 horas para regularizar la situación y restablecer el suministro en los edificios afectados. El documento legislativo subraya la urgencia de normalizar el funcionamiento del Estado municipal, en un contexto donde la falta de servicios básicos en oficinas públicas marca un precedente de extrema preocupación para la comunidad.
