miércoles, abril 29, 2026
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Allanan 19 domicilios por presuntas estafas con pagarés y juicios ejecutivos por parte del abogado Lucas Ignacio Molinas Grondona

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La causa se inició a partir de irregularidades detectadas por juzgados Civiles y Comerciales de Procesos Ejecutivos en expedientes con el patrocinio de un mismo abogado. Fueron allanados un estudio jurídico, domicilios particulares de los investigados e inmuebles utilizados como domicilios ficticios en procesos judiciales, donde se secuestró dinero, documentación y dispositivos.

Bajo la dirección del fiscal penal interino de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Pablo Rivero, personal de la Unidad Investigación UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales allanó 19 domicilios de la ciudad de Salta en el marco de una investigación la presunta existencia de una organización dedicada a la comisión de estafas procesales mediante el uso fraudulento de títulos ejecutivos.

El operativo se realizó por requerimiento de UDEC y fue autorizado por el Juzgado de Garantías 5 del distrito Centro, a cargo del juez Pablo Zerdán.

Entre los domicilios allanados se encuentra un estudio jurídico, del abogado Lucas Ignacio Molinas Grondona ubicado en Avda. Uruguay N° 1.048 por lo que en cumplimiento de la normativa vigente para el registro de sedes profesionales de letrados, se dio intervención al Colegio de Abogados y Procuradores de Salta. Asimismo, fue designado como veedor -a fin de garantizar la legalidad del acto y el resguardo del secreto profesional-, a un abogado de la matrícula.

Para la ejecución coordinada del operativo, el Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF afectó 55 efectivos y 13 vehículos.

La causa

La causa se inició a partir de informes remitidos por los titulares de los Juzgados de Procesos Ejecutivos de 1º, 2º y 3º Nominación, quienes detectaron irregularidades sistemáticas en expedientes promovidos por una misma parte actora. Entre las anomalías advertidas se destacó la reiteración injustificada de domicilios denunciados para los demandados, incluyendo coincidencias entre domicilios de actores y demandados.

A estas actuaciones se sumaron denuncias penales de particulares y tareas preliminares de investigación.

Personal de la Unidad Investigación UDEC del CIF realizó un análisis integral de más de 70 expedientes judiciales, detectando patrones reiterados de conducta, logrando individualizar a una mujer (la actora) y a un abogado con matrícula en Salta como su patrocinante.

Los investigadores efectuaron constataciones en múltiples inmuebles, verificándose que muchos de los domicilios utilizados eran inexistentes, estaban deshabitados o pertenecían a terceros sin vinculación con las causas. Paralelamente, se llevaron adelante tareas de inteligencia, vigilancia y seguimiento que permitieron identificar el núcleo operativo de la presunta organización, así como domicilios vinculados a los investigados.

También se incorporaron informes patrimoniales que evidenciarían inconsistencias económicas, compatibles con la utilización de personas como prestanombres, y se detectó la existencia de una sociedad comercial (Famosa Bankia SA) constituída el 6 de noviembre de 2023 presuntamente utilizada como estructura de soporte para la operatoria y cuyo único socio es Lucas Ignacio Molinas Grondona.

De acuerdo con los elementos reunidos, la organización habría desplegado un mecanismo sistemático consistente en la captación de personas en situación de vulnerabilidad económica; el otorgamiento de préstamos informales bajo condiciones abusivas; la exigencia de suscripción de pagarés en blanco; y el posterior llenado de dichos documentos con montos y datos falsos o desproporcionados.

Luego, se promovían demandas ejecutivas basadas en esos títulos, consignando domicilios inexistentes, abandonados o ajenos a los deudores, lo que impedía la correcta notificación de las víctimas, colocándolas en estado de indefensión y permitiendo la obtención de embargos sin posibilidad de defensa, con el consecuente desapoderamiento de bienes y afectación de haberes.

Teniendo en cuenta los elementos reunidos y ante el riesgo de ocultamiento o destrucción de prueba, el fiscal Pablo Rivero solicitó al Juzgado de Garantías, 19 allanamientos simultáneos, ejecutados en domicilios vinculados a las maniobras investigadas, incluyendo residencias particulares, inmuebles utilizados como domicilios ficticios en procesos judiciales y un estudio jurídico.

Además, requirió el levantamiento de Secreto Bancario del abogado y  de la firma Famosa Bankia SA, de la cual es el único socio y la mujer, administradora suplente. También se solicitó para ambos investigados la prohibición de salir sin autorización del país, se le retenga los documentos de viaje que posean y la prohibición de tener contacto con los denunciantes y damnificados.