La Justicia federal pidió archivar la causa impulsada por la Casa Militar contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, luego de concluir que el informe grabado dentro de Casa Rosada no constituyó ningún delito.
El fiscal Gerardo Pollicita fue contundente: no existió “revelación de secretos políticos ni militares”, desarmando así uno de los principales argumentos utilizados en la denuncia oficial.
La investigación había generado fuerte preocupación en sectores periodísticos y de derechos civiles, que advirtieron sobre un posible avance contra la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.
El fallo dejó mal parado al gobierno de Javier Milei ante la Justicia y expuso errores en una denuncia que apuntaba contra trabajadores de prensa por su labor periodística
