Profesionales autoconvocados expusieron ante senadores la crisis de sustentabilidad del sistema y respaldaron un proyecto de Enrique Cornejo para transformarlo en un seguro de retiro voluntario. La postura se contrapone a lo manifestado la semana pasada por las autoridades de la Caja, quienes defendieron la continuidad de la Ley 8.444.
Para analizar el impacto en la aplicación de la Ley 8.444, de Creación de la Caja Interprofesional de Seguridad Social de Salta, sancionada hace dos años, la cual amenaza generar una situación de crisis en la sustentabilidad del sistema y deudas en los matriculados, la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional del Senado recibió este miércoles en plenario a representantes de profesionales autoconvocados de las áreas de Nutrición y Trabajo Social.
La reunión fue encabezada por el presidente de la Comisión, Dani Nolasco y el vicepresidente primero del cuerpo, Mashur Lapad, contando con la presencia de los senadores, Jorge Soto, Enrique Cornejo, Juan Cruz Curá, Leonor Minetti, Daniel Moreno, Luciano Elvira, Carlos Guitián, Roque Cornejo, Manrique Burgos, Gonzalo Guaymás, Sergio Saldaño, Arnaldo Altamirano y Alejandra Navarro.
Por los autoconvocados expusieron la abogada, Ana Inés Rosa y las licenciadas, Betina Gómez, Belén Cabrera, Ana Mastronardi y María Eugenia Vargas, quienes representan a profesionales de Trabajo y Social y Nutrición.
La Ley 8.444 vigente desde febrero de 2025 instituye un sistema de seguridad social para nutricionistas y trabajadores sociales como un complemento de la jubilación ordinaria. Establece un sistema basado en la solidaridad donde la afiliación y el aporte son obligatorios para todos los profesionales matriculados en Salta. Bajo este esquema, la Caja administra un fondo común para otorgar beneficios predefinidos (o “módulos previsionales”) que son decididos por una asamblea, funcionando como un sistema de reparto donde los profesionales activos sostienen a los pasivos.
