Representantes gremiales del sector vial alertaron a los legisladores sobre la falta de cláusulas de continuidad laboral en los nuevos pliegos de licitación nacional, una situación que en el caso de Salta pone en riesgo directo a 50 puestos de trabajo en la estación de Cabeza de Buey, en General Güemes. El Senado evalúa conformar una mesa de trabajo a nivel provincial y el traslado de la problemática al Parlamento del Norte Grande.
El encuentro se produjo en el marco del proceso licitatorio de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones impulsado por el Gobierno nacional a través del Ministerio de Economía, el cual abarca más de 3.900 kilómetros de rutas bajo inversión privada y recibió 20 ofertas de empresas constructoras.
En Salta comprende el denominado Tramo Noroeste sobre las rutas nacionales 9/34 -desde el ingreso por La Candelaria hasta el límite con Jujuy, incluyendo el acceso a la ciudad capital desde la rotonda de Torzalito-, donde las firmas que resulten adjudicatarias tendrán la obligación de ejecutar tareas de bacheo profundo y repavimentación en los primeros meses de contrato, previéndose además la instalación de nuevas estaciones de peaje bajo un esquema de tarifas con topes máximos.
De la reunión llevada a cabo este jueves y promovida por el senador Enrique Cornejo, participaron los legisladores; Mashur Lapad, Jorge Soto, Dani Nolasco, Manrique Burgos, Juan Cruz Curá, Manuel Pailler, Carlos López, Gonzalo Guaymas, Diego Cari, Luciano Elvira, Alejandra Navarro, Leonor Minetti, Arnaldo Altamirano, Carlos Guitian y Daniel Moreno.
Por el sector sindical asistieron el secretario adjunto de UDI (Unión de Empleados de la Construcción Argentina del Interior), Raúl Daniel Rabozzi, acompañado por los trabajadores, Fernando Gaita, Daniel Quiroga, Enrique Rivero y María Inés Stramare.
Durante el encuentro, Rabozzi explicó que el proceso de privatización nacional no contempla la obligación de las empresas de absorber al personal actual. Precisó que, en el caso del peaje de Cabeza de Buey, donde trabajan 50 personas, la medida representaría para Güemes un impacto económico mensual directo de más de 100 millones de pesos, perjudicando además de manera indirecta a las actividades de transporte, mantenimiento, comercio y servicios que se desarrollan alrededor de la estación.
