La Cámara de Diputados de Salta abordará este martes dos proyectos clave impulsados por el bloque Todos por Salta. Ambas iniciativas buscan dar respuesta a problemáticas cotidianas que se han profundizado en los últimos años: la precarización laboral en los servicios de reparto y el asfixiante sobreendeudamiento de los hogares.
Nuevo marco regulatorio para repartidores y aplicaciones
El primer proyecto (Expediente N° 91-52.092/25), presentado por el diputado Adrián Valenzuela, propone la creación del Registro Provincial de Prestadores de los Servicios de Cadetería, Mandados, Delivery y afines.
Ante el crecimiento exponencial de la actividad, la medida busca frenar la informalidad y garantizar mejores condiciones de trabajo. Los puntos centrales del proyecto incluyen:
Alcance general: La inscripción será obligatoria tanto para empresas y trabajadores tradicionales, como para aquellos que operan a través de aplicaciones digitales y plataformas móviles.
Mayores controles: Se establecerán mecanismos de supervisión estrictos.
Requisitos de seguridad: Se exigirán habilitaciones, seguros, identificación visible de los trabajadores y condiciones de seguridad específicas para quienes circulen en motocicletas o bicicletas.
Base de datos: Permitirá al Estado provincial tener un mapa claro de quiénes y cómo prestan estos servicios.
Alivio para deudores: Emergencia Social y Económica
El segundo tema en agenda, impulsado por el legislador Omar Exeni, plantea declarar la Emergencia Social y Económica ante el alarmante nivel de endeudamiento de los consumidores con entidades bancarias y financieras.
El autor del proyecto advierte que, en el NOA, el crédito ha dejado de ser una herramienta para adquirir bienes y se ha convertido en un salvavidas para pagar alimentos, alquileres, medicamentos o servicios públicos, lo que disparó los índices de morosidad.
Las claves de esta iniciativa son:
Suspensión de embargos: Frenar por el plazo de un año las medidas cautelares de embargo y los procesos de ejecución de sentencia.
Deudas alcanzadas: Incluye tarjetas de crédito, préstamos personales, descubiertos bancarios y créditos prendarios e hipotecarios.
Plazo temporal: La medida tiene un carácter estrictamente procesal y transitorio. Una vez concluido el año de emergencia, los acreedores conservarán intactos sus derechos para reclamar el cobro.
