La reciente multa de $80 millones impuesta por el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Enresp) al fideicomiso Vía Aurelia ha desatado una verdadera guerra de declaraciones entre el organismo y la desarrolladora inmobiliaria MDAY. Mientras el ente denuncia grave contaminación ambiental, la empresaria Magdalena Day apunta contra la falta de infraestructura estatal y acusa al titular del Enresp, Carlos Saravia, de persecución personal.
Los motivos detrás de la multa
El conflicto estalló tras un largo proceso sancionatorio impulsado por el Enresp debido a lo que calificó como “crónicas y graves irregularidades” en el tratamiento de efluentes cloacales de este emprendimiento, ubicado en la zona sur de Salta capital.
Los puntos técnicos que motivaron la sanción incluyen:
Planta colapsada: Según el organismo, el sistema provisorio de tratamiento no estaba adaptado para abastecer a los 1.800 lotes que componen el desarrollo.
Contaminación alarmante: Los estudios ambientales detectaron cifras extremas. “Se admiten 2.000 coliformes fecales en 100 mililitros de agua y ellos tienen 23 millones”, aseguró Saravia.
Inhabilitación: La sanción también alcanzó a Industrias Clark SRL, la empresa contratada para operar la planta, inhabilitándola para continuar prestando servicios en el lugar.
La defensa de MDAY: “Es una solución provisoria”
Frente a la millonaria sanción, Magdalena Day, titular de MDAY, rechazó la responsabilidad exclusiva de su empresa. Argumentó que Vía Aurelia es un loteo abierto y que la prestación definitiva de los servicios sanitarios corresponde a la empresa estatal Aguas del Norte.
La empresaria explicó que la conexión a la red cloacal quedó paralizada por una medida judicial que frenó la ampliación de la Planta Depuradora Sur.
“Lo que hice fue dar una solución provisoria hasta tanto Aguas del Norte pudiera permitirme la conexión definitiva”, justificó Day, aclarando que la alternativa era dejar a la zona utilizando pozos ciegos.
Además, minimizó las fallas en los parámetros ambientales, atribuyéndolas a factores estacionales (como bajas temperaturas) y a obras recientes. En un giro más tenso, Day acusó a Carlos Saravia de actuar motivado por “resentimiento”, “odio” y un afán recaudatorio, argumentando que el ente castiga a los privados al no tener el poder para avanzar contra las grandes deficiencias del Estado.
La respuesta del Enresp: “Nos pagan para proteger la calidad de vida”
El titular del Enresp no tardó en replicar. Negó rotundamente cualquier enemistad personal (“No conozco a la señora, nunca he tenido trato con ella”) y respaldó la multa en evidencia estrictamente técnica y científica.
Saravia destacó que las irregularidades llevan más de un año documentadas por inspectores, laboratorios e investigadores universitarios, descartando que se trate de episodios transitorios. Asimismo, remarcó que la planta ya había sido inhabilitada meses atrás y cuestionó que el fideicomiso operara sin las habilitaciones ambientales correspondientes.
El dilema de fondo: El crecimiento urbano vs. los servicios
Más allá del cruce de acusaciones, el caso de Vía Aurelia pone sobre la mesa un problema estructural profundo: la rápida expansión inmobiliaria en la periferia de Salta frente a una infraestructura sanitaria que no da abasto.
La postura desarrolladora: El freno al progreso privado radica en las demoras estructurales de las obras estatales (como la Planta Depuradora Sur).
La postura del Estado: Ningún desarrollo inmobiliario puede avanzar y poblarse sin garantizar previamente un tratamiento seguro para sus efluentes.
Mientras las partes mantienen posiciones irreconciliables, el impacto es real. Los vecinos del loteo ya han denunciado olores nauseabundos constantes y el Concejo Deliberante ha exigido informes. Por ahora, el conflicto está lejos de cerrarse: la Municipalidad revocó nuevamente el Certificado de Aptitud Ambiental (CAAM) del barrio y el riesgo ambiental sobre el río Arenales sigue latente.
Regulación de deliverys y emergencia para deudores, los temas que tratarán en Diputados
La Cámara de Diputados tratará este martes dos problemáticas de la vida cotidiana: la regularización de la actividad de deliverys y la declaración de una emergencia social y económica por el creciente endeudamiento de las familias.
Ambas iniciativas fueron presentadas por legisladores del bloque Todos por Salta y buscan dar respuesta a situaciones que se profundizaron en los últimos años: la expansión del trabajo mediante aplicaciones digitales y el aumento de las dificultades económicas de los hogares.
Uno de los proyectos que llegará al recinto corresponde al expediente N° 91-52.092/25, impulsado por el diputado Adrián Valenzuela. La iniciativa propone crear el Registro Provincial de Prestadores de los Servicios de Cadetería, Mandados, Delivery y afines, en el que deberán inscribirse las personas y empresas responsables de estas actividades.
La propuesta alcanza tanto a quienes trabajan de manera tradicional como a aquellos que realizan repartos mediante aplicaciones digitales, plataformas virtuales o servicios móviles.
Según los fundamentos del proyecto, el objetivo es establecer un marco regulatorio para una actividad que experimentó un fuerte crecimiento y que, en muchos casos, se desarrolla en condiciones de informalidad y precarización laboral.
La iniciativa prevé la creación de mecanismos de control y supervisión, además de requisitos vinculados a habilitaciones, seguros, identificación de los trabajadores y condiciones de seguridad para quienes realizan repartos en motocicletas o bicicletas.
El proyecto también busca generar una base de datos provincial que permita conocer quiénes prestan estos servicios y garantizar mejores condiciones laborales para los trabajadores del sector.
Emergencia por endeudamiento familiar
Otro de los expedientes incluidos, presentado por el diputado Omar Exeni, plantea declarar la Emergencia Social y Económica en materia de endeudamiento de consumidores financieros frente a entidades bancarias y financieras.
El proyecto establece la suspensión, durante un año, de las medidas cautelares de embargo y de los procesos de ejecución de sentencia iniciados para el cobro de deudas derivadas de tarjetas de crédito, préstamos personales, descubiertos bancarios, créditos prendarios, hipotecarios y otras operaciones de financiamiento al consumo.
Entre sus fundamentos, Exeni sostiene que el crédito dejó de utilizarse principalmente para la adquisición de bienes y pasó a convertirse en una herramienta para afrontar gastos esenciales como alimentos, medicamentos, alquileres, combustibles y servicios públicos.
El legislador advierte además sobre un incremento sostenido de la morosidad de las familias, particularmente en las provincias del NOA, y sostiene que la situación configura una emergencia social que requiere una intervención legislativa.
Según el texto, la suspensión tendría carácter temporal y procesal, por lo que los acreedores conservarían sus derechos de cobro una vez concluido el plazo de emergencia.
