En los parajes más alejados de la provincia de Salta, cientos de familias enfrentan una situación que consideran injusta: aunque cuentan con sistemas de energía solar instalados en sus hogares, muchas permanecen durante meses —e incluso más de un año— sin suministro eléctrico debido a fallas en los equipos. Sin embargo, las facturas continúan llegando y las deudas siguen acumulándose.
La problemática afecta especialmente a comunidades de la Quebrada del Toro, Potrero de Castilla, Molinos y otras localidades rurales donde la red eléctrica convencional aún no llega. En estos lugares, la energía solar representa la única alternativa para acceder a servicios básicos, aunque su capacidad suele limitarse a la iluminación, la carga de teléfonos celulares y el funcionamiento de pequeños dispositivos.
Los reclamos se multiplican cuando las baterías dejan de funcionar. Según denuncian los usuarios, las reparaciones pueden demorar varios meses y, en algunos casos, se exige previamente la cancelación de deudas e intereses para gestionar el reemplazo de los equipos.
“Primero hay que pagar los intereses, si no, no te reciben el reclamo”, relató un vecino de la Quebrada del Toro que permaneció cerca de un año sin energía. Tras reunir más de 270 mil pesos para regularizar su situación, consiguió que le cambiaran la batería. Poco después, volvió a recibir boletas con nuevos cargos, incluyendo más de 170 mil pesos en concepto de mora.
La situación también evidencia las dificultades que enfrentan los habitantes de zonas rurales para cumplir con los trámites administrativos. Muchos deben recorrer largas distancias para llegar a una oficina de cobro o realizar una gestión, un desafío que se agrava por las condiciones climáticas y la escasa disponibilidad de transporte. Mientras tanto, los intereses continúan acumulándose.
En Molinos, José Fabián asegura que su familia permanece sin electricidad desde junio del año pasado. Aunque lograron ponerse al día con los pagos y mantienen sus facturas al día, las baterías aún no fueron reemplazadas. “Bajamos al pueblo, pagamos, pero seguimos sin luz”, resumió.
La prestación está a cargo de ESED S.A. (Empresa de Servicios Eléctricos Dispersos), concesionaria encargada de brindar energía en aquellos sectores donde no existe acceso a la red eléctrica tradicional.
El sistema fue concebido con un fin social: garantizar el acceso a la energía a familias que viven en condiciones de aislamiento geográfico. Sin embargo, para muchos usuarios, ese objetivo parece alejarse de la realidad cotidiana.
Si bien la normativa del Ente Regulador de los Servicios Públicos reconoce el carácter social y subsidiado del servicio y establece la obligación de asegurar su continuidad, los pobladores aseguran que las respuestas tardan demasiado en llegar y que los reclamos continúan acumulándose sin soluciones definitivas.
Valle de Lerma Hoy
