La Justicia hizo lugar a un pedido del Ministerio Público Fiscal y amplió a más de $21.800 millones el embargo preventivo sobre dos catastros en el norte provincial, ante los reiterados incumplimientos de un acuerdo de restauración ambiental firmado en 2018 por el desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas de bosque nativo.
Por pedido del procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, y de la fiscal civil, comercial y laboral del Distrito Judicial del Norte–Tartagal, Rosa Vélez Román, el Juzgado en lo Civil de Personas y Familia de Tartagal ordenó ampliar una medida cautelar ambiental en contra Juan José y Daniel Darío Karlen, por el incumplimiento de un acuerdo de recomposición ambiental firmado en 2018.
Se trata de una causa por el desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas de bosque nativo ubicadas cerca de la localidad de Dragones, en el departamento San Martín, del norte provincial, y su recomposición ambiental.
El pedido del Ministerio Público Fiscal se basó en la ampliación de una de las medidas precautorias preexistentes con el fin de garantizar el cumplimiento del Acuerdo Definitivo de Restauración Ambiental homologado en 2018.
La resolución elevó el embargo preventivo original –de más de $171 millones- que recae sobre los catastros afectados por el desmonte ilegal- catastros 30.746 y 30.747- ubicados en el departamento San Martín, hasta la suma de $21.805 millones, con el objetivo de garantizar fondos suficientes para una eventual ejecución forzada de las tareas de restauración ambiental.
Según los informes técnicos y económicos elaborados por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), el nuevo monto representa el valor actualizado del costo de restauración ambiental.
En sus fundamentos, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que, pese al convenio homologado judicialmente, persistieron reiterados incumplimientos por parte de los demandados, detectados en distintos informes técnicos y relevamientos realizados entre 2019 y 2026.
Los informes del CIF sostienen que desde 2018 no hubo evidencia concreta de restauración activa y que persisten actividades productivas dentro de los catastros afectados, pese a las restricciones judiciales.
Entre las irregularidades señaladas figuran actividades agrícolas no autorizadas, almacenamiento de maíz, incumplimientos en la reforestación y ausencia de avances en la restauración del bosque nativo.
