El procurador general de la Municipalidad de Salta, Matías Risso, informó que desde el inicio de la gestión del intendente Emiliano Durand se concretaron cerca de 60 cesantías y exoneraciones de agentes municipales involucrados en distintas irregularidades detectadas a través de sumarios administrativos.
La información fue dada a conocer en el marco de la reciente separación de tres inspectores del área de Ambiente, quienes son investigados por presuntos pedidos de coimas a un comercio gastronómico de la capital salteña.
Según explicó el funcionario, gran parte de las investigaciones surgieron a partir del sistema de denuncias anónimas habilitado por el municipio para que vecinos y contribuyentes puedan reportar posibles hechos de corrupción o conductas indebidas por parte de empleados públicos.
Risso señaló que durante el presente año se iniciaron entre 10 y 12 sumarios administrativos derivados de denuncias recibidas a través de esa herramienta. Algunas presentaciones fueron remitidas a otros organismos por no corresponder a la órbita municipal, mientras que otras permitieron avanzar con investigaciones internas que derivaron en sanciones.
El procurador destacó que cuando las acusaciones logran comprobarse, las medidas disciplinarias pueden incluir cesantías, exoneraciones e incluso denuncias ante la Justicia penal.
En ese contexto, defendió la política de control impulsada por la actual administración y sostuvo que las sanciones buscan resguardar tanto a los trabajadores que cumplen correctamente sus funciones como a los vecinos que demandan transparencia en la gestión pública.
Además, explicó que el municipio implementó cambios para agilizar los procedimientos disciplinarios, evitando que los expedientes se extiendan durante años. Actualmente, una vez emitida la resolución administrativa correspondiente, las sanciones comienzan a aplicarse de manera inmediata, independientemente de los recursos que posteriormente pueda presentar el agente involucrado.
Respecto de los tres inspectores investigados por el presunto cobro de coimas, Risso estimó que el proceso administrativo podría resolverse en un plazo de entre 20 y 30 días.
Por otra parte, remarcó que los funcionarios jerárquicos tienen la obligación de supervisar el funcionamiento de sus áreas y promover las actuaciones correspondientes cuando detectan irregularidades. También advirtió que omitir una denuncia ante la posible comisión de un delito puede constituir un incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Finalmente, el procurador afirmó que el objetivo de la gestión es fortalecer los mecanismos de transparencia, proteger el patrimonio municipal y garantizar que quienes incumplan sus obligaciones sean apartados de la administración pública.
