Un fuerte entramado de denuncias por presunta corrupción, abuso de autoridad, amenazas y encubrimiento institucional volvió a sacudir al departamento San Carlos. El abogado y asesor legal de la intendenta María del Carmen Vargas, Carlos Paz, aseguró que existen investigaciones en marcha que involucran al exintendente y actual diputado provincial Héctor Raúl Vargas, además de otros funcionarios y dirigentes políticos de la región.
Durante una entrevista en el programa En Modo Mañana, el letrado sostuvo que, tras el cambio de gestión en diciembre de 2023, el nuevo gobierno municipal encontró una comuna con un severo deterioro financiero. Según afirmó, las cuentas bancarias estaban sin fondos, el parque automotor se encontraba en malas condiciones y se detectaron presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Uno de los hechos más graves señalados por Paz está relacionado con un plan de lotes sociales. El abogado aseguró que más de un centenar de familias abonó terrenos cuyos fondos debían destinarse a obras de infraestructura, como redes de agua, iluminación y apertura de calles. Sin embargo, denunció que ese dinero habría sido retirado antes del cambio de gobierno y que actualmente se desconoce su destino.
De acuerdo con sus declaraciones, la causa es investigada por la Fiscalía de Delitos Económicos, aunque recordó que un pedido de desafuero contra el actual diputado Héctor Raúl Vargas no prosperó.
El asesor legal también denunció presuntas irregularidades en el manejo de fondos nacionales que habrían sido enviados para obras de provisión de agua potable en la región, las cuales, según indicó, nunca llegaron a ejecutarse pese a la transferencia de los recursos.
Las acusaciones también alcanzan al municipio de Animaná. Paz afirmó haber denunciado por presunta usurpación de título al actual jefe de Gabinete, Federico Barrientos, al sostener que habría firmado documentación como abogado sin contar con matrícula profesional habilitante.
A ello sumó la representación legal de un menor de edad víctima de un presunto abuso sexual ocurrido en el camping municipal de Animaná. Según explicó, la investigación debió ser impulsada por la Fiscalía Penal Juvenil de Salta debido a la falta de avances en la jurisdicción local. El caso continúa bajo investigación y existen dos personas sospechosas.
En otro tramo de sus declaraciones, el abogado aseguró haber recibido amenazas a raíz de las denuncias que viene impulsando. Relató que fue intimidado mientras circulaba en bicicleta por la ruta hacia Animaná y que presentó una denuncia penal en la que mencionó a distintas personas, entre ellas el diputado Héctor Raúl Vargas, el funcionario Federico Barrientos y el senador Rolando Guaimás.
Paz cuestionó además el accionar de la Justicia y afirmó que la Fiscalía de Cafayate no le otorgó medidas de protección pese a las amenazas denunciadas. También sostuvo que fue notificado sobre la intención de archivar esa causa, decisión que anticipó apelará para que el expediente sea revisado por una fiscalía de la ciudad de Salta.
Hasta el momento, las personas mencionadas en las denuncias públicas no se pronunciaron sobre las acusaciones formuladas por el abogado. Las investigaciones judiciales continúan en distintas instancias y no existen condenas ni resoluciones firmes respecto de los hechos denunciados.
