La Fiscalía de Derechos Humanos inició una investigación de oficio para determinar si efectivos policiales actuaron conforme a los protocolos vigentes, luego de que los padres de dos menores denunciaran que pasaron varias horas sin conocer el paradero de sus hijos.
La Fiscalía Penal de Derechos Humanos abrió una investigación de oficio para determinar si un procedimiento policial realizado con dos adolescentes de 13 años respetó las normas y protocolos vigentes. La actuación se inició luego de que los padres de los menores denunciaran públicamente que permanecieron durante varias horas sin conocer el paradero de sus hijos.
La fiscal Claudia Geria tomó intervención tras la difusión de un video en redes sociales en el que los progenitores cuestionaban el accionar policial y aseguraban que solo fueron informados, varias horas después, de que los adolescentes habían sido demorados y trasladados para la realización de un examen médico legal. La incertidumbre llevó incluso a que se activara el protocolo de búsqueda de personas extraviadas.
Según la información preliminar, la intervención policial se originó a partir de la denuncia de un particular, quien habría retenido a los adolescentes hasta la llegada de los efectivos, acusándolos de provocar daños en el portón de un inmueble.
Ante la falta de información sobre el procedimiento, la fiscal intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con la Subcomisaría Villa El Sol, sin obtener respuesta. Debido a esa situación, recurrió a la directora del Distrito de Prevención 1, Gabriela Zapana, quien dispuso que las autoridades de la dependencia se comunicaran con la Fiscalía. Posteriormente, la jefa de la Comisaría Villa El Sol, comisario Caresana Tenorio, estableció contacto con la representante del Ministerio Público Fiscal.
Como primeras medidas, la fiscal Geria requirió la remisión urgente de copias certificadas de todas las actuaciones relacionadas con la demora de los adolescentes y del procedimiento policial, con el objetivo de reconstruir de manera cronológica lo ocurrido y verificar si se respetaron las disposiciones legales y los protocolos establecidos para este tipo de intervenciones.
Además, solicitó la identificación de todos los efectivos que participaron del operativo, precisando las funciones que cumplió cada uno, así como las responsabilidades vinculadas a la custodia, el traslado de los menores y la comunicación con sus familiares.
La investigación también incluirá el análisis de los libros de guardia y de novedades de la dependencia, los registros de ingreso y egreso de los adolescentes, la documentación vinculada al examen médico legal y las comunicaciones mantenidas entre las distintas dependencias policiales.
En caso de ser necesario, la Fiscalía ordenará el secuestro de imágenes de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, y tomará declaración al personal policial interviniente, al denunciante, a los padres de los adolescentes y a cualquier otra persona que pueda aportar información para esclarecer lo sucedido.
El objetivo de la investigación es establecer si la actuación policial se ajustó al marco legal vigente, si la comunicación con los padres se realizó en tiempo oportuno, si la demora y el traslado de los adolescentes fueron proporcionales a las circunstancias del caso y si durante todo el procedimiento se garantizaron los derechos y las garantías que protegen a niños, niñas y adolescentes.
