En momentos en que Salta busca reforzar las políticas para prevenir la ludopatía entre adolescentes, SAETA quedó en el centro de la polémica por difundir publicidad de una plataforma de apuestas online en sus colectivos y en la aplicación oficial utilizada diariamente por miles de usuarios.
La situación despertó cuestionamientos de padres, docentes y usuarios, quienes consideran que resulta incompatible promover este tipo de publicidad desde un servicio público al que acceden, todos los días, niños, adolescentes y jóvenes.
Las críticas se intensificaron luego de que usuarios detectaran anuncios del sitio de apuestas dentro de la aplicación oficial de SAETA, herramienta utilizada para consultar recorridos, acreditar el boleto estudiantil y gestionar viajes. Paralelamente, comenzaron a circular imágenes de colectivos completamente ploteados con la misma publicidad, lo que amplificó el debate en redes sociales.
El eje de la controversia no pasa únicamente por la legalidad de la actividad comercial, sino por el mensaje que transmite una empresa con participación estatal al asociar un servicio público con una plataforma de apuestas, en un contexto en el que las autoridades provinciales advierten sobre el crecimiento del juego compulsivo entre menores de edad.
La polémica surge mientras la Legislatura salteña avanza con un proyecto de ley destinado a prevenir la ludopatía online en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La iniciativa contempla campañas de concientización, capacitación para docentes, acciones educativas y medidas para desalentar la promoción del juego entre menores.
En ese escenario, distintos sectores cuestionan que una empresa encargada de prestar un servicio esencial permita la difusión de este tipo de anuncios en espacios utilizados diariamente por estudiantes, cuando el propio Estado reconoce que la exposición permanente a la publicidad constituye uno de los factores que favorecen el crecimiento de la ludopatía digital.
Hasta el momento, SAETA no informó cuáles fueron los criterios comerciales o institucionales que llevaron a autorizar la campaña publicitaria ni explicó si evaluó el impacto que podría generar en un público integrado por miles de menores de edad que utilizan el transporte urbano y su aplicación oficial.
