“Un plan criminal cuyo fin era defraudar las arcas públicas”: pidieron hasta seis años de prisión para nueve imputados en la causa Sueños Compartidos
El fiscal general Diego Velasco requirió la pena máxima del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública para el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y los hermanos y exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo Sergio y Pablo Schoklender. “Es un hecho de gran corrupción no solo por el monto sino por las estructuras administrativas involucradas, por los funcionarios y por el tiempo que duró la maniobra”, recalcó. El juicio continuará en agosto.
Schoklender y Hebe Bonafini
“Se creó un sistema de corrupción institucional a través de la manipulación y contratación”, sostuvo ayer el fiscal general Diego Velasco en el marco del alegato donde pidió seis años de prisión para el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, el exsubsecretario Abel Fatala y los antiguos apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio y Pablo Schoklender. La solicitud se dio en el marco del juicio oral donde se investiga el desvío de 206 millones de pesos que originalmente estaban destinados a la construcción de viviendas sociales, en el marco del proyecto “Sueños Compartidos”.
Ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5, el fiscal consideró que los exfuncionarios eran coautores del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y que los hermanos Schoklender fueron partícipes necesarios.
Además, solicitó cuatro años de prisión para los exfuncionarios de Santiago del Estero Daniel y Karina Nasif junto con los exintegrantes de la Secretaría de Obras Públicas Carlos Castellano y Daniel Freidin, todos apuntados como partícipes secundarios de la maniobra.
López y De Vido
El fiscal Velasco, junto al fiscal coadyuvante Juan Argibay Molina y el auxiliar fiscal Diego Puñet, reclamaron un decomiso de 206 millones de pesos al considerar que se trata del piso mínimo de la maniobra. Indicaron que ese monto deberá ser actualizado mediante el Índice de Precios al Consumidor al momento que quede firme la sentencia.
La jueza Adriana Palliotti, que integra el tribunal junto a los magistrados Horacio Obligado y Adrián Grunberg, comunicó que el debate seguirá el próximo 5 de agosto con el alegato de la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF).
La maniobra de corrupción
A lo largo de las más de diez horas de alegato, la fiscalía reconstruyó la estructura delictiva que conformaron los acusados desde 2007 hasta 2011, donde desde el Estado Nacional se estipuló que la Fundación Madres de Plaza de Mayo (FMPM) recibiera fondos de manera directa para llevar adelante obras de construcción de viviendas en distintos lugares del país. “Se ha demostrado cómo, a través de un esquema criminal pergeñado desde el Estado, se le adjudicó a la Fundación obra pública, convirtiéndola de la noche a la mañana en una de las empresas más importantes”, describió el fiscal Velasco. Remarcó que “ese fin noble” que era solucionar problemas habitacionales se convirtió con el paso del tiempo en todo lo contrario. “Hubo problemas económicos en todas las jurisdicciones y una inmensa cantidad de obras quedaron abandonadas e inconclusas”, repasó.
En ese sentido, mencionó que se pudo probar en la causa que la Fundación recibió extensiones de plazo “sin precedentes”, que hubo una “absoluta falta de controles” y que incluso funcionó sin las certificaciones correspondientes. “Se resquebrajaron y violentaron los principios esenciales que regulan la contratación pública”, recalcó el fiscal e indicó que se produjo una erogación por “cifras escandalosas” para aquel momento. “Se otorgaron más de 900 millones y se comprobó un desvío de 206 millones, dinero que nunca debían haberse entregado a la Fundación porque nunca tendrían que haberle adjudicado esas obras”, reclamó.
