En un importante operativo desplegado por la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), la Justicia ordenó seis allanamientos simultáneos en la ciudad de Salta en el marco de una investigación por presuntas estafas reiteradas vinculadas a falsas inversiones y maniobras irregulares con vehículos. Durante los procedimientos se secuestraron 12 automóviles, teléfonos celulares, equipos informáticos, documentación de interés para la causa y el pasaporte de uno de los principales investigados.
La pesquisa, que contempla cinco hechos de estafa en concurso real, también incluyó el pedido de detención de tres sospechosos, medida solicitada por la Fiscalía ante el Juzgado de Garantías N° 2 del distrito Centro.
Los procedimientos fueron ejecutados por personal de la Unidad UDEC del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), tras una extensa tarea investigativa que permitió ubicar domicilios particulares, oficinas comerciales y un predio en la zona de Las Costitas, en San Lorenzo, donde presuntamente se ocultaba parte de la flota de vehículos utilizada por las empresas bajo investigación.
De acuerdo con la Fiscalía, la causa se originó tras las denuncias de varios particulares que aseguraron haber sido engañados por personas que se presentaban como responsables de las firmas Gerala Foa S.R.L. y Naireibis S.R.L.. Según la acusación, ofrecían inversiones relacionadas con la compra y alquiler de vehículos o la captación de capital con promesas de ganancias mensuales en dólares.
Los investigadores sostienen que, luego de recibir importantes sumas de dinero o vehículos, los sospechosos dejaron de cumplir con los compromisos asumidos, entregaron garantías sin valor comercial e incluso comercializaron automóviles con prendas o restricciones legales que impedían su transferencia.
Hasta el momento, la causa reúne cinco denuncias de damnificados que aseguran haber sufrido pérdidas patrimoniales millonarias. La Fiscalía analiza si las maniobras responden al funcionamiento de un presunto esquema financiero de tipo Ponzi, en el que los primeros inversores eran remunerados con el dinero aportado por nuevos participantes.
Además, la investigación permitió establecer que algunos de los vehículos involucrados eran utilizados para prestar servicios mediante plataformas de transporte y, en otros casos, trasladados a distintas provincias con el aparente objetivo de dificultar su localización.
Los pesquisas también detectaron frecuentes viajes de los investigados entre Salta, Buenos Aires y países como Brasil, Chile y Portugal, situación que fue considerada por la Fiscalía para solicitar medidas destinadas a evitar riesgos procesales y garantizar el avance de la investigación.
