La Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM) citó a audiencia de imputación a diez efectivos de la Policía de Salta por presuntas irregularidades vinculadas al incumplimiento de una medida judicial de protección y a la supuesta confección de documentación falsa, en el marco de la investigación por el femicidio de Natalia Marilín Cruz, ocurrido en febrero de este año en Campo Quijano.
La fiscal penal María Luján Sodero Calvet informó que, durante el avance de la causa por el crimen, surgieron elementos que permitieron detectar posibles irregularidades en el accionar del personal de la Comisaría N.º 7. Ante esta situación, se inició una investigación paralela sobre la actuación de los efectivos policiales.
Como consecuencia de esos hallazgos, la Procuración General dispuso la conformación de una Unidad Fiscal integrada por la UFEM y la Fiscalía de Derechos Humanos, con el objetivo de profundizar la pesquisa y determinar eventuales responsabilidades penales.
El femicida Daniel Orlando Serapio
Tras reunir pruebas documentales y testimoniales, las fiscales formalizaron la investigación penal preparatoria y resolvieron imputar a diez integrantes de la fuerza por hechos que, según sostienen, guardan relación directa con las medidas de protección que debían resguardar a la víctima antes de su asesinato.
De acuerdo con la investigación, Natalia Marilín Cruz contaba con una resolución judicial que ordenaba la implementación de una consigna policial fija debido a las reiteradas situaciones de violencia de género denunciadas contra su expareja. Sin embargo, la custodia no habría sido ejecutada, pese a que los efectivos tenían conocimiento de la orden impartida por la Justicia.
La Fiscalía sostiene además que, con posterioridad, se habría confeccionado e incorporado un informe policial con datos presuntamente falsos, en el que se dejó asentado un supuesto intento de cumplimiento de la medida de protección, circunstancia que la investigación considera inexistente.
La causa también expone presuntas irregularidades en el funcionamiento de la Comisaría N.º 7 durante enero y febrero de 2026, especialmente en la ejecución, control y supervisión de consignas policiales ordenadas en causas de violencia familiar y de género. Según las fiscales, se detectaron deficiencias en la organización interna, en los mecanismos de control y en el registro del cumplimiento de las medidas judiciales.
Entre los imputados se encuentran el jefe de la dependencia y quien se desempeñaba como jefe de Guardia, acusados como presuntos autores de los delitos de falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real.
Al jefe de la comisaría se le atribuye haber promovido la elaboración e incorporación del informe presuntamente falso y no haber adoptado las medidas necesarias para garantizar la custodia judicial ordenada a favor de la víctima. En tanto, al jefe de Guardia se le imputa haber dispuesto la confección del documento y omitido implementar o supervisar el cumplimiento efectivo de la consigna policial.
Asimismo, un suboficial y un oficial fueron imputados por el presunto delito de falsedad ideológica. Según la acusación, el primero habría redactado y firmado el informe cuestionado, mientras que el segundo habría impartido la orden para confeccionarlo e intervenido en su elaboración.
La investigación también alcanza a otros cinco efectivos —cuatro mujeres y un hombre—, quienes fueron imputados como presuntos coautores del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La Fiscalía les atribuye haber omitido adoptar las medidas necesarias para garantizar la custodia policial o informar oportunamente a la autoridad judicial sobre la imposibilidad de cumplir con la orden.
Las fiscales María Luján Sodero Calvet y Claudia Geria señalaron que la investigación permitió reunir evidencias sobre presuntas irregularidades sistemáticas en el tratamiento de casos de violencia de género, incluyendo incumplimientos de protocolos, deficiencias en los controles internos y fallas en la ejecución de medidas de protección destinadas a resguardar a las víctimas.
La causa continúa en etapa investigativa y las audiencias de imputación permitirán avanzar en el esclarecimiento de las responsabilidades penales que pudieran corresponder a cada uno de los efectivos involucrados.
