La Corte de Justicia de Salta resolvió suspender de manera provisoria la aplicación de la Ordenanza Municipal N.º 4.578/26, que creaba el programa de Presupuesto Participativo en Rosario de la Frontera, al hacer lugar a una medida cautelar presentada en el marco de un conflicto de poderes entre el Departamento Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante.
La decisión del máximo tribunal provincial paraliza, por el momento, la implementación del mecanismo que proponía que los vecinos participaran en la definición del destino de una parte de los recursos municipales, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo planteada en la demanda.
El origen del conflicto
La controversia se inició cuando el Ejecutivo municipal promovió una acción judicial al considerar que la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante invade competencias propias de la administración municipal.
Según el planteo de la Intendencia, la norma interfiere en las facultades exclusivas del Ejecutivo para administrar los recursos públicos y podría comprometer el equilibrio financiero del municipio.
Por su parte, el Concejo Deliberante sostuvo que la iniciativa busca fortalecer la participación ciudadana en la definición de obras y proyectos prioritarios para los distintos barrios, promoviendo una mayor transparencia en la gestión de los fondos públicos.
La situación financiera
En el expediente también se expuso la situación económica que atraviesa el municipio. Desde el Ejecutivo señalaron que alrededor del 90 % del presupuesto municipal se destina al pago de salarios, lo que, según argumentan, reduce significativamente la disponibilidad de recursos para ejecutar nuevas políticas públicas sin una planificación financiera previa.
La medida cautelar
Con la resolución dictada por la Corte de Justicia, la Ordenanza N.º 4.578/26 queda suspendida de manera preventiva y el programa de Presupuesto Participativo no podrá ser implementado mientras se desarrolla el proceso judicial.
Ahora, el máximo tribunal provincial deberá analizar el fondo de la controversia y determinar si el Concejo Deliberante actuó dentro de las atribuciones que le confiere la Carta Orgánica Municipal o si, por el contrario, avanzó sobre competencias que corresponden al Departamento Ejecutivo.
Hasta que exista una sentencia definitiva, el proyecto permanecerá sin efecto y no podrán ejecutarse las acciones previstas en la ordenanza.
