La Fiscalía de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas requirió la elevación a juicio de un hombre acusado de provocar un trágico siniestro vial en la localidad de La Merced, donde murió un niño que circulaba en bicicleta junto a su madre. La investigación sostiene que el imputado conducía a exceso de velocidad y tenía prohibición vigente para manejar.
El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, formuló la acusación contra José Miguel Plaza como presunto autor del delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor, al encontrarse inhabilitado para conducir y circular a más de 30 kilómetros por hora por encima del límite permitido. Además, fue acusado por lesiones culposas en perjuicio de la madre del menor.
El hecho investigado ocurrió el 5 de abril de 2026 sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, en la localidad de La Merced, cuando una mujer cruzaba la calzada por la senda peatonal junto a su hijo, quien se desplazaba en bicicleta. En esas circunstancias, ambos fueron embestidos por una camioneta conducida por el acusado.
Jose Plaza y el Intendente de La Merced, Javier Wayar
Como consecuencia del violento impacto, el menor sufrió gravísimas lesiones y fue trasladado de urgencia al Hospital Público Materno Infantil de la ciudad de Salta, donde falleció horas más tarde. Su madre también resultó lesionada y debió recibir asistencia médica.
Durante la investigación, la Fiscalía reunió una importante cantidad de pruebas, entre ellas declaraciones testimoniales, pericias accidentológicas, análisis de registros de cámaras de seguridad, el informe de autopsia, historias clínicas, estudios toxicológicos y otras medidas periciales que, según el Ministerio Público Fiscal, permiten sostener la responsabilidad penal del imputado y avanzar hacia el juicio oral.
De acuerdo con la reconstrucción del siniestro, el conductor circulaba a una velocidad aproximada de 72,75 kilómetros por hora en un sector donde la máxima permitida era de 30 km/h. Los peritos concluyeron que las víctimas cruzaban correctamente por la senda peatonal y que, de haber respetado el límite de velocidad, el acusado habría tenido tiempo suficiente para detener el vehículo y evitar el impacto.
La acusación también remarca que el imputado conducía pese a encontrarse legalmente inhabilitado, como consecuencia de una sanción administrativa impuesta meses antes, luego de haber sido detectado manejando con 1,49 gramos de alcohol por litro de sangre.
Finalizada la etapa de investigación penal preparatoria, el fiscal López Soto solicitó la apertura de la etapa de juicio, donde buscará demostrar la responsabilidad del acusado por la muerte del menor y las lesiones sufridas por su madre.
