Un simple instante de distracción en la playa de carga bastó para poner en marcha un engranaje delictivo tan silencioso como devastador. Sin violencia ni llamados de alerta, una banda logró intervenir la facturación diaria de una estación de servicio reemplazando la terminal de cobro oficial por un dispositivo adulterado. A partir de ese momento, cada pago realizado por los clientes no ingresó a las arcas de la firma, sino que alimentó directamente una red de cuentas bancarias de terceros.
El fraude acumuló un perjuicio económico estimado en 38 millones de pesos y culminó con la caída de cuatro sospechosos, luego de una minuciosa pesquisa que combinó el análisis de cámaras de seguridad con la trazabilidad del dinero en el sistema financiero.
Un descuido en la playa y la maniobra letal
El hecho tuvo lugar en una sucursal de la firma Shell, situada en el partido bonaerense de San Martín. La alerta se encendió a principios de mayo, cuando los controles internos de la compañía revelaron un abismal desfasaje millonario entre el combustible despachado y los ingresos efectivamente acreditados.
Tras la denuncia formal radicada ante el Ministerio Público Fiscal, los detectives de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado tomaron las riendas del caso.
La clave para desentrañar el ardid surgió del análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad:
Un hombre arribó al lugar a bordo de un Volkswagen Gol, aprovechando que el playero se encontraba distraído, el sospechoso descendió sigilosamente del vehículo.
En un movimiento rápido e imperceptible, intercambió el Posnet original por una terminal idéntica pero configurada para dirigir los cobros a cuentas controladas por la organización.
El dispositivo adulterado funcionó durante un período prolongado. Los clientes pagaban confiados, ajenos a que sus transferencias alimentaban el circuito clandestino.
La trazabilidad financiera y las identidades
Siguiendo la ruta del dinero, la Dirección de Investigaciones de Delitos Económicos rastreó la distribución de los $38 millones en el sistema bancario. El hilo conductor condujo directamente a cuatro personas señaladas como los titulares de las cuentas receptoras:
- Guillermo Sergio Carrizo (42 años)
- René Brandan Rodrigo Maximiliano (36 años)
- José Agustín Gauna (26 años)
- Florencia Alcaraz (29 años)
Allanamientos, secuestros y la causa judicial
Con el plexo probatorio reunido, la UFIJ N.º 08 (a cargo de la fiscal Verónica Pérez) y el Juzgado de Garantías N.º 5 del Departamento Judicial de San Martín (encabezado por el juez Nicolás Schiavo) ordenaron la realización de cuatro allanamientos simultáneos en el partido de Almirante Brown.
Durante los operativos, el personal policial aprehendió a los cuatro implicados e incautó seis teléfonos celulares, dispositivos clave que serán sometidos a peritajes informáticos para reconstruir las conversaciones, la logística empleada y los posibles nexos con otros integrantes del entramado delictivo.
La investigación judicial continúa abierta para terminar de determinar el destino final de la totalidad de los fondos sustraídos y descartar la participación de otros cómplices en la maniobra.
