Junto a tres cómplices, utilizaba documentos falsificados e inventaba domicilios para embargar sueldos y bienes a espaldas de las víctimas. La UDEC destapó una fábrica de juicios ejecutivos fraudulentos.
La firma estampada con inocencia en un papel en blanco, el golpe seco de un sello judicial sobre un expediente inventado y el drama silencioso de cientos de salteños que, de un día para otro, descubrían con espanto que sus sueldos y ahorros habían sido embargados sin haber tenido siquiera la oportunidad de defenderse.
Un monumental entramado de estafas en los tribunales locales fue al descubierto tras una minuciosa investigación de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), conducida por la fiscal interina Ana Inés Salinas Odorisio. En la audiencia de formalización, la auxiliar fiscal Eugenia López Ahanduni amplió y endureció las imputaciones contra un abogado del fuero local y una mujer, al tiempo que sentó en el banquillo a otros dos hombres como coautores.
El cerebro del fraude y la lluvia de imputaciones
El principal acusado es el letrado Lucas Ignacio Molinas Grondona, sobre quien pesaba el patrocinio de decenas de causas bajo sospecha en el fuero Civil y Comercial. La Fiscalía le atribuyó un abrumador abanico de 138 hechos delictivos en concurso real:
64 hechos de estafas procesales reiteradas.
24 hechos de estafas procesales reiteradas en concurso ideal con falsificación de instrumento privado.
50 hechos de estafas procesales reiteradas en concurso ideal con abuso de firma en blanco.
A su vez, una mujer implicada en las maniobras fue imputada por 118 hechos bajo las mismas calificaciones penales (48 estafas procesales, 22 con falsificación y 48 con abuso de firma en blanco). En tanto, los otros dos hombres incorporados a la causa fueron acusados como coautores por figurar como actores ejecutantes en 14 y 6 hechos de estafa procesal, respectivamente.
Anatomía del engaño: pagarés en blanco y domicilios fantasma
La pesadilla para las víctimas se cocinaba a espaldas del sistema. La fiscalía logró reconstruir el modus operandi a partir de pericias, nuevas denuncias penales y los desgarradores testimonios de personas demandadas que jamás habían sido notificadas:
- Abuso de confianza: Las víctimas firmaban pagarés en blanco por obligaciones menores que luego eran completados con cifras astronómicas e inventadas. En otros casos, directamente se falsificaban las firmas.
- Notificaciones a ciegas: Al iniciar los juicios ejecutivos, el abogado consignaba intencionalmente domicilios falsos o repetidos para que los demandados nunca se enteraran del proceso ni pudieran ejercer su derecho a defensa.
- Embargos exprés: Con el engaño consumado, lograban que los jueces dictaran resoluciones ejecutivas que derivaban en la traba directa de embargos sobre los haberes, sueldos y bienes de los damnificados.
La alerta que destapó la fábrica de expedientes
La investigación se encendió tras las denuncias presentadas por los propios titulares de los cuatro Juzgados Civiles y Comerciales de Procesos Ejecutivos. Los magistrados detectaron un patrón anormal: en decenas de expedientes tramitados por el mismo letrado se consignaban idénticos domicilios para demandados que no tenían relación entre sí.
A partir de allí, la UDEC analizó tonelaje de papel judicial y cruzó datos hasta desarmar una maquinaria de estafas procesales que dejó al descubierto el lado más oscuro del fuero judicial. Las medidas continúan para determinar el alcance total de las víctimas y los montos millonarios despojados.
