Tres años en el filo de la navaja, seis cuotas de $100.000 y el sonido de las sirenas de fondo.
A sus 19 años, cuando la mayoría apenas empieza a trazar su destino, un joven cafayateño rozó los barrotes de la celda. Detenido en el marco de una causa por estupefacientes, el acusado llegó a la sala de audiencias con el peso de la Ley 23.737 sobre los hombros, expuesto al estigma de la tenencia ilegal de drogas y al fantasma de la cárcel efectiva.
Sin embargo, el destino le reservaba un giro inesperado en los estrados judiciales.
La balanza de la Justicia en Cafayate
Bajo la estricta mirada de la fiscalía penal, el auxiliar fiscal Juan Pablo Miralpeix representó al Ministerio Público Fiscal en una audiencia de juicio abreviado que cerró el expediente de forma tajante.
La jueza María Virginia Toranzos homologó el acuerdo tras valorar una variable clave: la foja limpia del acusado. La magistrada dictó:
Pena de tres años de prisión de ejecución condicional, que lo mantendrá en libertad bajo la promesa implícita de no volver a dar un paso en falso.
Una multa con impacto directo en el pueblo. El joven deberá aportar $600.000 al Cuartel de Bomberos Voluntarios de Cafayate.
El pago se fraccionará en seis cuotas mensuales de $100.000, abonadas del 1 al 10 de cada mes a partir de septiembre, con la obligación ineludible de presentar los comprobantes ante el juzgado.
Ante el estrado, el muchacho inclinó la cabeza, asintió y declaró comprender el peso y las consecuencias del pacto legal. Tras validar sus palabras, el Juzgado ordenó su inmediata libertad, remitiendo las notificaciones correspondientes a la Jefatura de Policía y al Registro Nacional de Reincidencia.
El joven vuelve a las calles de Cafayate libre, pero atado a una deuda doble: con la ley que esquivó por poco y con las sirenas del cuartel que ahora financiará mes a mes.
