El Juzgado de Paz de Aguaray debía ser un templo de garantías, pero terminó convertida en el escenario de una maniobra espuria. En un fallo fulminante dictado tras un juicio abreviado, el juez Anastasio Vázquez Sgardelis —integrante de la Sala II del Tribunal de Juicio de Tartagal— le aplicó un freno de mano a la impunidad institucional al condenar al titular de dicha dependencia por administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real.
El esquema del engaño
El engranaje delictivo salió a la luz tras dos denuncias contundentes. Todo se basaba en un pacto entre partes:
Un vecino acudía puntualmente al juzgado de Paz para depositar en efectivo la cuota alimentaria pactada para sus hijos.
Su expareja asistía al mismo despacho judicial para retirar los fondos correspondientes.
La trama se desmoronó a comienzos de este año. Tras depositar la suma fijada de $370.000, el damnificado descubrió que el magistrado solo le había entregado $100.000 a la madre de los menores. Los $270.000 restantes quedaron retenidos sin justificación en el escritorio del funcionario.
La sentencia y sus alcances
Tras reconocer su culpabilidad en el proceso abreviado, la justicia de Tartagal le impuso al acusado un castigo que abarca tanto la vía penal como la administrativa y económica:
Un año de prisión de ejecución condicional; suspensión para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena (dos años) y la obligación inmediata de devolver hasta el último peso sustraído y el cumplimiento estricto de reglas de conducta dictadas por el tribunal.
