El juicio entró en su etapa decisiva. La fiscal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, sostuvo que durante el debate quedó acreditada la responsabilidad penal de los cuatro imputados por una serie de maniobras destinadas a retirar sin autorización una camioneta que permanecía secuestrada en el canchón municipal.
El hecho ocurrió en enero de 2024 y derivó en una investigación que ahora llega a su instancia final. En sus alegatos, la representante del Ministerio Público repasó la prueba incorporada durante el juicio y pidió que los cuatro acusados sean declarados penalmente responsables, aunque con distintos grados de participación según el rol que cada uno habría cumplido.
El abogado Martín Miguel Poma Ovejero es el principal acusado y, además de la causa por la camioneta, enfrenta las otras dos causas acumuladas. La Fiscalía le atribuye participación necesaria en el peculado, coautoría en distintos delitos y dos hechos de falsedad de instrumento público.
Ramiro Mauricio Maldonado Blanque, señalado como quien conducía la camioneta al momento del siniestro. Está acusado como partícipe necesario de peculado y coautor de resistencia a la autoridad, lesiones, robo y daño agravado.
César Eduardo Acosta, acusado como coautor de resistencia a la autoridad, lesiones, robo y daño agravado. Según la investigación, viajaba como acompañante de Maldonado Blanque cuando ocurrió el siniestro.
Julio Conte empleado municipal que se desempeñaba como retén y tenía a su cargo la custodia de los vehículos secuestrados en el canchón. Está acusado como autor de peculado.
Para el empleado del canchón municipal, la Fiscalía solicitó responsabilidad como autor del delito de peculado. Respecto del abogado, pidió condena por resistencia a la autoridad, daños doblemente agravados y dos hechos de falsificación de instrumento público, además de considerarlo partícipe necesario del peculado.
En cuanto al tercer acusado, señalado por haber circulado utilizando de manera impropia la camioneta, la Fiscalía solicitó que sea declarado partícipe necesario del peculado, aunque retiró la acusación en su contra por resistencia a la autoridad.
Finalmente, para el cuarto imputado requirió una declaración de responsabilidad por resistencia a la autoridad en calidad de coautor.
El debate es presidido por el juez del distrito Centro, Guillermo Pereyra, mientras que las defensas están a cargo de Fernando Díaz Zabalaga, Marcos Gorriti y la defensora oficial penal María de la Paz Saravia.
Un abogado, tres causas y un juicio que acumula acusaciones
El proceso no se limita al episodio de la camioneta. El juicio reúne tres causas acumuladas contra el abogado, entre ellas una investigación por estafa y falsificación de documento en concurso ideal, vinculada con una operación inmobiliaria realizada en General Güemes.
A esa acusación se suma otra por desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, lo que amplía el escenario judicial que enfrenta el profesional.
Con los alegatos de la Fiscalía ya expuestos, ahora será el turno de las defensas técnicas. Sus argumentos serán determinantes antes de que el tribunal avance hacia la etapa final del proceso y quede en condiciones de resolver la situación de los cuatro acusados.
