Una agente de la Policía de Salta habría sido engañada con la promesa de conseguirle un cambio de destino dentro de la fuerza. La investigación del fiscal Daniel Escalante derivó en la detención de otra integrante de la institución y de un hombre, cuyos movimientos financieros y comunicaciones quedaron bajo la lupa.
Una presunta maniobra que habría comenzado con una promesa de gestionar un cambio de destino dentro de la Policía de Salta terminó bajo investigación judicial por los delitos de estafa y extorsión. Una integrante de la fuerza denunció que entregó importantes sumas de dinero para conseguir el traslado que buscaba y que, posteriormente, comenzó a recibir nuevas exigencias económicas.
El caso es investigado por el fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, quien avanzó sobre las comunicaciones, transferencias bancarias y distintos registros digitales que permitieron reconstruir, según la hipótesis fiscal, el recorrido del dinero y el vínculo entre los sospechosos.
Por el hecho fueron detenidos una agente policial y un hombre, quienes serán imputados provisionalmente como presuntos autores de los delitos investigados.
Una promesa de traslado que terminó en una pesadilla
Según la denuncia, la mujer se encontraba disconforme con su actual lugar de revista y buscaba ser trasladada al Departamento Bicipolicías.
En ese contexto, una compañera de trabajo le habría facilitado el número telefónico de una persona a la que identificó como “Sonia”, presentándola supuestamente como alguien vinculada con la Dirección General de Recursos Humanos de la fuerza.
La comunicación habría abierto la puerta a una maniobra que, con el correr de los días, comenzó a adquirir una dimensión cada vez más preocupante.
De acuerdo con el relato de la denunciante, desde ese contacto le solicitaron $700.000 para gestionar el supuesto traslado. Como no contaba con todo el dinero, habría acordado abonarlo en dos partes.
Primero transfirió $200.000 y posteriormente otros $500.000, ambos pagos dirigidos a una cuenta bancaria perteneciente al hombre que ahora se encuentra bajo investigación.
El traslado nunca llegó y aparecieron nuevas exigencias
Tras recibir el dinero, supuestamente le habrían asegurado que sería notificada cuando se concretara el cambio de destino.
Pero la comunicación esperada nunca llegó.
Ante la falta de novedades, la policía habría decidido desistir del supuesto trámite. Fue entonces cuando, según su denuncia, la situación tomó un giro todavía más grave.
“Sonia” le habría reclamado otros $250.000 bajo el argumento de que debía cancelar el expediente iniciado para gestionar el traslado.
La mujer realizó entonces dos nuevas transferencias de $100.000 cada una. Sin embargo, las exigencias no habrían terminado allí.
Según consta en la denuncia, le habrían advertido que la supuesta deuda continuaría aumentando y hasta le habrían reclamado el 35% de su sueldo.
La ruta del dinero quedó bajo la lupa
A partir de la denuncia, la Fiscalía comenzó a seguir el rastro de cada operación.
Los investigadores analizaron mensajes, comunicaciones telefónicas, comprobantes de transferencias, información bancaria y registros digitales. De acuerdo con la hipótesis sostenida por el fiscal Escalante, la agente investigada habría simulado contar con contactos dentro de la institución policial capaces de concretar cambios de destino.
Uno de los elementos considerados relevantes fue la vinculación del número telefónico utilizado por la supuesta “Sonia” con un dispositivo utilizado por la agente investigada.
Pero hubo otro dato que llamó especialmente la atención de los investigadores: el recorrido posterior del dinero.
Los informes bancarios incorporados a la causa habrían permitido establecer que parte de las sumas transferidas por la denunciante a la cuenta del hombre investigado posteriormente fueron enviadas a una cuenta vinculada con la agente.
Para la Fiscalía, esos movimientos constituyen uno de los elementos que permitirían relacionar a ambos sospechosos con la presunta maniobra.
Allanamientos y secuestro de dispositivos
Con los elementos reunidos durante la investigación, el fiscal Escalante solicitó allanamientos en los domicilios vinculados a los dos sospechosos.
Durante los procedimientos se buscó secuestrar teléfonos celulares, computadoras, dispositivos electrónicos, documentación bancaria, comprobantes de operaciones y otros elementos que pudieran aportar nuevas evidencias.
También se requirió la detención de ambos investigados.
La causa permanece abierta y los investigadores no descartan que puedan aparecer nuevas personas vinculadas con la maniobra. Además, se dio intervención a la Jefatura de Policía para que se realicen las actuaciones administrativas correspondientes.
Mientras avanza la investigación judicial, la Justicia intenta determinar ahora si detrás de la supuesta gestión de un traslado existió una estructura destinada a captar a integrantes de la fuerza, obtener dinero mediante engaños y luego presionarlos con nuevas exigencias económicas.
