La Justicia Federal investiga al empresario gastronómico por presunta trata de personas con fines de explotación laboral. La acusación surgió a partir de una denuncia anónima realizada a la línea 145 y una posterior inspección de ARCA y PROTEX. Siete trabajadores fueron identificados preliminarmente como posibles víctimas.
Una investigación que comenzó con una denuncia anónima a la línea 145 derivó en una causa de alto impacto en Salta: la Justicia Federal imputó a un empresario gastronómico, propietario del establecimiento Cerdo Negro, por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por la cantidad de personas afectadas y la situación de vulnerabilidad que habrían atravesado.
La denuncia activó una inspección realizada por ARCA, con intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), en una finca ubicada en Cerrillos, donde fueron encontrados alrededor de 20 trabajadores.
Tras el procedimiento, la Fiscalía identificó preliminarmente a siete personas como posibles víctimas y comenzó a reconstruir las condiciones laborales y habitacionales en las que se encontraban.
Habitaciones precarias, letrinas y agua caliente en tachos
Uno de los aspectos más delicados de la investigación está relacionado con las condiciones de alojamiento descriptas durante la audiencia judicial.
Según la acusación fiscal, algunos trabajadores habrían vivido en condiciones extremadamente precarias, en habitaciones con pisos de tierra y camas construidas con pallets.
También se habría constatado la existencia de baños tipo letrina y dificultades para acceder a condiciones básicas de higiene, al punto de que los trabajadores debían calentar agua en tachos para poder higienizarse.
La Fiscalía considera que estas circunstancias deben ser analizadas junto con el resto de los elementos reunidos para determinar si existió un esquema de explotación laboral.
Jornadas extensas y salarios que no superarían los $500.000
La investigación también apunta a las condiciones de trabajo.
De acuerdo con la acusación, los empleados habrían cumplido jornadas laborales extensas, mientras que los salarios generalmente no superarían los $500.000.
A esto se sumaría la presunta falta de pago de horas extras, domingos y feriados, aspectos que ahora forman parte de la investigación judicial.
La Fiscalía incorporó además situaciones particulares que, según sostuvo durante la audiencia, permitirían dimensionar el grado de vulnerabilidad de algunos trabajadores.
Uno de los casos mencionados corresponde a un empleado que habría sufrido una lesión en una pierna y que, ante la falta de una respuesta adecuada, habría tenido que ser trasladado por un familiar.
También se expuso la situación de un adulto mayor que concurría a un comedor de Cáritas debido a que sus ingresos no le alcanzaban para cubrir sus necesidades alimentarias.
Más de $600 millones declarados en ingresos
Otro elemento incorporado a la causa fue la información económica obtenida durante las actuaciones.
Según los datos aportados por ARCA, el empresario habría registrado ingresos superiores a los $600 millones durante 2025, mientras que una cifra similar habría sido registrada en lo que va de 2026.
Este dato fue expuesto durante la audiencia y forma parte de los elementos que deberán ser analizados en el marco de la investigación.
Seis meses para profundizar la investigación
El juez federal de Garantías N.º 2 de Salta, Diego Anzorreguy, resolvió otorgar un plazo de seis meses para profundizar la investigación y avanzar sobre los distintos elementos incorporados al expediente.
Entre las medidas dispuestas se encuentra la prohibición de salir del país para el empresario, además de restricciones de contacto con determinados empleados que aparecen vinculados con la investigación.
La Justicia deberá ahora avanzar en la recopilación de testimonios, documentación laboral, información económica y otros elementos que permitan determinar qué ocurrió en la finca y cuál era efectivamente la relación entre el empresario y los trabajadores.
El empresario negó los delitos
Durante la audiencia, el empresario negó haber cometido los delitos que se le atribuyen y cuestionó especialmente la descripción realizada por la Fiscalía respecto de las condiciones habitacionales de los trabajadores.
La causa continuará bajo investigación durante los próximos meses, mientras la Justicia intenta establecer si los hechos denunciados configuran efectivamente un delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
La imputación no implica una condena: el empresario mantiene su presunción de inocencia y tendrá derecho a ejercer su defensa mientras avance el proceso judicial.
