La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) puso bajo la lupa una presunta maniobra que habría utilizado pagarés cuestionados y domicilios que los demandados aseguran desconocer para iniciar ejecuciones judiciales contra compradores y garantes de operaciones con vehículos.
La investigación, a cargo de la fiscal penal interina Ana Inés Salinas Odorisio, tiene como imputado a José Luis Gutiérrez Conde, señalado provisoriamente como coautor de 14 hechos de estafa procesal, en concurso real.
En el marco de la causa, este viernes se concretaron dos allanamientos simultáneos: uno en la concesionaria Las Conde, ubicada sobre calle La Florida, y otro en el domicilio particular del acusado, en San Lorenzo Chico. Las medidas fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías interviniente.
Los investigadores fueron en busca de documentación que podría resultar clave para reconstruir la mecánica de las presuntas maniobras: pagarés, documentación de clientes, expedientes o constancias vinculadas con procesos ejecutivos, dispositivos electrónicos, libros contables y otros elementos de interés.
Los procedimientos estuvieron encabezados por la auxiliar fiscal Eugenia López Ahanduni, junto al comisario Juan Pablo Sánchez, jefe de la Unidad de Investigación UDEC del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF, y efectivos a su cargo. Durante los operativos se secuestró material que ahora será sometido a análisis.
La sospecha que encendió las alarmas en la Justicia
El caso comenzó a partir de una denuncia presentada por jueces de los Juzgados Civiles y Comerciales de Procesos Ejecutivos, quienes detectaron una situación llamativa: en diferentes expedientes aparecían reiteradamente domicilios consignados para distintas personas demandadas.
La irregularidad llevó a que se dispusiera la suspensión preventiva de los procesos involucrados, mientras se intentaba determinar si detrás de esas coincidencias existía una maniobra deliberada.
La UDEC comenzó entonces a tomar declaración a compradores y personas vinculadas con operaciones realizadas en la concesionaria. Los testimonios permitieron detectar un patrón que ahora forma parte central de la investigación.
Algunos compradores aseguraron haber cancelado sus créditos prendarios y, posteriormente, haberse enterado de la existencia de juicios ejecutivos iniciados en su contra.
Cuando fueron confrontados con los pagarés utilizados en esos procesos, las respuestas fueron diversas: algunos desconocieron las firmas, mientras que otros admitieron haber firmado documentación, pero cuestionaron los montos, las fechas o los domicilios que figuraban en los instrumentos.
Pagarés, domicilios y embargos: la mecánica bajo investigación
Según la hipótesis que analiza la fiscal Salinas Odorisio, los pagarés cuestionados habrían sido utilizados para promover ejecuciones judiciales contra compradores o garantes, mientras que la consignación de domicilios que estas personas aseguran desconocer podría haber impedido que tomaran conocimiento oportuno de las demandas y ejercieran su derecho de defensa.
El desenlace de algunas de esas ejecuciones habría sido especialmente relevante: en distintos expedientes se habrían obtenido sentencias de remate y embargos.
Esos procedimientos judiciales forman parte de los 14 hechos atribuidos provisoriamente a Gutiérrez Conde, aunque la investigación todavía se encuentra abierta.
Ahora, la UDEC analizará la documentación y los dispositivos secuestrados durante los allanamientos para determinar cómo se confeccionaron los pagarés, qué domicilios fueron utilizados, quiénes intervinieron en las ejecuciones y si existió una maniobra coordinada para llevar adelante los procesos judiciales.
La causa continúa en etapa investigativa y no se descarta que, a partir del resultado de las nuevas diligencias, puedan surgir nuevas imputaciones o medidas procesales.
