El reciente secuestro de más de 1.500 pejerreyes vuelve a poner sobre la mesa un problema que lleva años: la pesca furtiva con redes en el embalse. Los propios procedimientos oficiales muestran que no se trata de hechos aislados. Un informe nacional ya advertía que la captura comercial clandestina abastecía a restaurantes y hoteles del perilago y llegaba a consumidores de Salta, Jujuy y Tucumán. La pregunta incómoda es qué controles existen sobre quienes compran, transportan y comercializan ese pescado.
El secuestro de más de 1.500 pejerreyes y redes de pesca durante un procedimiento de la Policía Lacustre en las inmediaciones de Cabra Corral no debería ser leído solamente como otro operativo exitoso. Debería encender una alarma.
Porque el problema no es nuevo.
La pesca furtiva en el embalse General Belgrano lleva años siendo denunciada y documentada. Y, aunque la Policía y los organismos ambientales anuncian periódicamente decomisos de redes y grandes cantidades de peces, los procedimientos se repiten una y otra vez.
En abril de este año, por ejemplo, la propia Policía informó el secuestro de más de 350 metros de redes y más de 100 pejerreyes durante patrullajes nocturnos. En agosto fueron alrededor de 1.500 ejemplares y seis redes, mientras que a comienzos de septiembre se decomisaron 800 piezas y diez redes.
Entonces aparece la pregunta inevitable: ¿se está atacando realmente el negocio o solamente se están secuestrando sus cargamentos cuando son descubiertos?
El problema no nació ayer
La evidencia disponible muestra que la pesca clandestina con fines comerciales en Cabra Corral no es una novedad.
Un informe nacional sobre repoblamiento de cuerpos de agua, elaborado por organismos especializados, ya advertía que en el embalse existía una actividad de pesca furtiva artesanal con fines comerciales y señalaba que esa captura abastecía a restaurantes y hoteles del perilago y alcanzaba a consumidores de Salta, Jujuy y Tucumán. El documento ubicaba el desarrollo de esa actividad ilegal desde años antes de su publicación.
Más recientemente, testimonios recogidos por medios salteños volvieron a describir la existencia de una cadena comercial alrededor del pejerrey extraído ilegalmente.
En abril de 2026, incluso, pescadores denunciaron que las redes clandestinas son una práctica recurrente y que el pescado termina en restaurantes y pescaderías. Un integrante de la propia División Lacustre describió la modalidad utilizada: redes colocadas durante la noche, sin luces, en sectores de difícil acceso y con campamentos o caminos alternativos para evadir los controles.
La pregunta que nadie parece querer responder
Si alguien puede sacar cientos o miles de peces, trasladarlos en camionetas y colocarlos en el circuito comercial, la discusión no debería terminar con el secuestro de una red o la infracción a tres o cuatro pescadores.
La pregunta es otra:
¿Quién compra ese pescado?
Porque para que exista pesca ilegal a gran escala tiene que existir un mercado capaz de absorberla.
No resulta razonable concentrar toda la responsabilidad en el pescador furtivo si después el producto puede ingresar a una cadena comercial y terminar servido como comida en establecimientos gastronómicos.
Esto no significa afirmar que todos los restaurantes de la zona, de Salta o de Jujuy comercialicen pescado proveniente de la pesca clandestina. Esa afirmación requeriría pruebas concretas establecimiento por establecimiento.
Pero sí existe documentación que demuestra que la pesca comercial ilegal de Cabra Corral ha abastecido históricamente a restaurantes y hoteles, y que el fenómeno excede ampliamente al pescador que coloca una red en el agua.
Un negocio que sobrevive a los controles
La propia Policía reconoce que se trata de una problemática recurrente. En abril de este año, un integrante de la División Lacustre explicó que quienes realizan esta actividad conocen el terreno, utilizan zonas de difícil acceso y trabajan principalmente durante la noche.
Mientras tanto, los operativos continúan mostrando cantidades llamativas.
No estamos hablando solamente de un pescador que se llevó algunos ejemplares para consumo familiar.
1.500 pejerreyes.
800 pejerreyes.
Cientos de metros de redes.
Camionetas.
Botes.
Motores.
Cuando las cifras se repiten, deja de parecer un problema ocasional y comienza a exhibir características de una cadena organizada de extracción y comercialización.
Y hay otro dato: actualmente está prohibida la pesca
La situación adquiere todavía mayor gravedad porque el reglamento vigente establece para Cabra Corral una veda del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2026 en las zonas delimitadas. La temporada está prevista desde el 1 de diciembre de 2026.
Es decir, en septiembre, cuando se producen estos procedimientos, la extracción de pejerrey durante la veda no es una simple irregularidad menor: se realiza en un período en el que la normativa busca proteger la reproducción y recuperación del recurso.
No alcanza con contar redes secuestradas
La Policía Lacustre merece reconocimiento cada vez que logra detectar una embarcación, una camioneta o una red clandestina. Pero los resultados también deberían servir para hacerse preguntas sobre la eficacia global del sistema.
Porque si durante años se decomisan redes, se infracciona a pescadores y se incautan toneladas o cientos de ejemplares, pero la actividad vuelve a aparecer, algo está fallando en el control de toda la cadena.
La discusión debería incluir controles en:
- los puntos de desembarque;
- vehículos que transportan grandes cantidades de pescado;
- pescaderías;
- restaurantes y establecimientos gastronómicos;
- documentación y trazabilidad del producto;
- compradores mayoristas;
- lugares donde se almacena y distribuye el pescado.
Y, sobre todo, debería determinarse de dónde sale el pescado que llega a las mesas de los consumidores.
Cabra Corral no puede ser un supermercado de pejerreyes
El embalse es uno de los principales atractivos turísticos y pesqueros de la provincia. Pero también es un ecosistema que necesita controles efectivos.
El problema no se soluciona únicamente sacando redes del agua después de que fueron colocadas.
Hay que cortar el circuito.
Porque mientras exista alguien dispuesto a pagar por un pejerrey obtenido ilegalmente, habrá alguien dispuesto a poner una red durante la madrugada.
La pregunta que queda planteada es simple: si las autoridades saben desde hace años que existe pesca clandestina con fines comerciales en Cabra Corral, ¿por qué todavía no se conoce con la misma intensidad quiénes son los compradores y dónde termina todo ese pescado?
Ahí está, probablemente, el verdadero negocio que todavía falta investigar.
