El abogado de Trinidad Chávez rechazó la negativa del jefe de los fiscales a exhibir el sustento de sus acusaciones. Le reprochó haber difundido los señalamientos en medios y ahora refugiarse en el secreto de sumario. La disputa por el DVD de 2019 y el caso Jimena Salas, en el centro de la pulseada.
La controversia ya no es solo sobre lo que se dijo, sino sobre lo que no se quiere mostrar.
La familia de Vicente Cordeyro salió a responder con dureza al procurador general de Salta, Pedro García Castiella, luego de que el funcionario se negara a exhibir las pruebas de las acusaciones que él mismo lanzó públicamente contra Trinidad Chávez y el fallecido Cordeyro. El eje de la réplica es uno y contundente: no se puede invocar la reserva de una investigación para callar después de haber hablado ante las cámaras.
La intimación
Todo comenzó con una intimación formal presentada por Roberto Adrián Reyes, abogado y apoderado de Trinidad Chávez. Reyes le exigió al Procurador dos caminos excluyentes: que se rectifique de sus dichos o que, si los mantiene, individualice y exhiba los elementos que los respaldan.
¿De qué dichos se habla? De declaraciones públicas atribuidas a García Castiella donde vinculó a Chávez y a Cordeyro con una supuesta intervención para la alteración o “limpieza” de antecedentes, causas o planillas prontuariales relacionadas con integrantes de la familia Saavedra.
La presentación fue más allá. Pidió precisiones sobre un punto que atraviesa otra causa de alto impacto: un DVD que, según el propio Procurador dijo en medios, Cordeyro habría entregado en 2019 con información vinculada a la investigación por el homicidio de Jimena Salas. La familia quiere saber qué pasó después: cómo se documentó su recepción, quién tuvo la custodia, qué registros hay de su manejo y cómo se explica su posterior falta de localización. Y pidió que toda la documentación, física y digital, sea preservada.
La respuesta del Procurador
La contestación de García Castiella fue seca y de cierre. Calificó el requerimiento como “absolutamente improcedente e impertinente” y sostuvo que no corresponde exigirle información vinculada con investigaciones o actuaciones en curso, por estar bajo reserva y a cargo de los fiscales penales intervinientes. Agregó que, si la parte se considera afectada en algún derecho, debe recurrir por las vías procesales correspondientes.
Para la Procuración, el tema está bajo el paraguas del secreto de la investigación.
La réplica: “Usted lo hizo público”
Ese argumento es, justamente, el que la defensa considera insostenible.
En una nueva presentación, Reyes sostuvo que lo que se reclama no es acceder a una causa ajena, sino conocer las pruebas que el propio Procurador dijo tener contra Trinidad Chávez para que ella pueda ejercer su derecho a defender su “buen nombre y honor”.
Y fue directo en el cuestionamiento central:
“Sus imputaciones no pueden ser consideradas como parte de una investigación bajo secreto de sumario, pues usted lo hizo público en un medio de comunicación”, expresó el abogado en su escrito.
En el mismo texto, Reyes manifestó su desacuerdo con que el principio de juridicidad pueda ser invocado para formular acusaciones públicas sin exhibir su respaldo documental.
La intimación original ya había trazado la cancha: si el Procurador mantiene sus afirmaciones, debe identificar causas, actuaciones, registros, declaraciones y cualquier otro elemento concreto que permita establecer una vinculación real de Chávez o Cordeyro con los hechos mencionados.
Ahora, ante la negativa, la familia dejó planteado el siguiente paso. Analiza avanzar por otras vías: acciones preventivas, rectificatorias, resarcitorias, constitucionales o administrativas, si considera que las imputaciones continúan circulando sin que se individualice el sustento que las respalda.
La pelota, que empezó en los medios, vuelve a quedar en el terreno judicial.
