Las alertas por violencia en el seno familiar volvieron a encenderse en la periferia de Salta. Un hombre de 34 años fue condenado tras confirmarse que atacó de manera reiterada a su propia hija, una adolescente de tan solo 13 años, infundiéndole terror y violando de manera explícita una restricción dictada por la Justicia. La pesadilla de la menor llegó a su fin en los tribunales, donde el agresor terminó acorralado por las pruebas e inclinó la cabeza para admitir sus delitos.
La escalada de violencia: castigos físicos y celos desmedidos
El historial delictivo comenzó a salir a la luz tras dos denuncias radicadas por la madre de la víctima en la Subcomisaría de barrio Grand Bourg, las cuales pusieron en marcha la investigación de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género 2, a cargo de Federico Gabriel Portal.
El primer ataque (17 de abril): La menor se encontraba en la vivienda de su progenitor, situada en el barrio La Leña II. En un arrebato de furia, el sujeto la atacó salvajemente propinándole múltiples cinturonazos que le dejaron visibles marcas y lesiones en distintas partes del cuerpo. Por este hecho, el Juzgado de Garantías 5 le notificó formalmente una prohibición expresa de ejercer violencia física o psicológica.
La reincidencia (20 de septiembre): Sin importar la orden del juez, el acusado volvió a citar a la adolescente en la misma residencia. Tras revisar de manera invasiva el teléfono celular de la niña y descubrir la fotografía de un joven, el hombre desató una embestida aún más violenta: la golpeó fuertemente en el rostro, volvió a castigarla en la espalda con un cinturón y terminó sujetándola del cuello con intenciones de asfixia. Antes de dejarla ir, la amenazó de muerte a ella y a su madre.
Fallo judicial: condena condicional, restricciones y registro genético
Ante la contundencia de las pruebas por las agresiones reiteradas y el flagrante desacato a la restricción vigente, la fiscal auxiliar María Virginia Bortolotto presentó la acusación formal en un proceso que desembocó en un juicio abreviado.
La jueza Gabriela González homologó el acuerdo suscrito entre las partes y dictó sentencia contra el imputado:
Pena impuesta: Dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, al ser hallado autor penalmente responsable de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género (dos hechos), amenazas y desobediencia judicial.
Reglas de conducta (3 años): Prohibición absoluta de acercamiento a la víctima, impedimento de cometer nuevos actos de violencia y la obligación perentoria de someterse a tratamiento psicológico.
