La Fiscalía de Derechos Humanos abrió una actuación de oficio tras publicaciones periodísticas que alertaron sobre posibles contagios en establecimientos penitenciarios. Requirió informes en 24 horas, convocó a profesionales de la salud y ordenó recopilar historias clínicas de internos hospitalizados. Por ahora, no se confirmó oficialmente la existencia ni la magnitud de un brote.
La situación sanitaria dentro de las cárceles de Salta quedó bajo la lupa judicial luego de que publicaciones periodísticas advirtieran sobre un presunto brote de tuberculosis entre personas privadas de la libertad. Ante la gravedad de la información, la Fiscalía de Derechos Humanos puso en marcha una investigación de oficio para determinar si existen contagios, conocer el estado de salud de los internos y establecer qué medidas sanitarias se están aplicando.
La fiscal penal Claudia Geria dispuso una serie de diligencias urgentes para obtener información directa de las autoridades penitenciarias y del personal médico. El objetivo es esclarecer el alcance de la situación denunciada y verificar las condiciones sanitarias en las que se encuentran alojadas las personas detenidas.
Informes en 24 horas: la justicia pone la lupa sobre los penales
Mediante un decreto, Geria requirió a la Alcaidía General, tanto en sus sectores masculino como femenino, y a las unidades carcelarias 1 y 4 que presenten, en un plazo de 24 horas, un informe detallado sobre la situación sanitaria de la población alojada.
Las autoridades deberán precisar si durante el semestre en curso se registraron casos de tuberculosis con diagnóstico confirmado y si existen internos aislados por presentar síntomas compatibles con la enfermedad.
El requerimiento busca establecer si los episodios denunciados responden a casos aislados o si existen elementos que justifiquen una mayor preocupación sanitaria dentro de los establecimientos penitenciarios.
Citan a médicos y personal sanitario
Como parte de las medidas investigativas, la fiscal dispuso recibir declaración testimonial al responsable del Departamento de Sanidad de la Unidad Carcelaria 1 y a un profesional médico que presta servicios en el ámbito penitenciario.
Ambas citaciones fueron fijadas para el viernes 16 de octubre. Sus testimonios permitirán conocer los procedimientos de detección, atención y seguimiento de posibles casos, además de las medidas adoptadas ante eventuales contagios.
Internos hospitalizados: buscan historias clínicas y datos de los pacientes
La investigación también alcanza a las personas privadas de la libertad que se encuentren hospitalizadas por tuberculosis.
Para avanzar en esa línea, la Fiscalía solicitó la intervención del Cuerpo Especial de Investigadores (CEI), que deberá identificar a los internos hospitalizados, recabar la documentación médica pertinente y reunir información que permita contactar a sus familiares.
La recopilación de historias clínicas y otros antecedentes sanitarios será clave para contrastar la información difundida públicamente con los registros oficiales y determinar la situación de cada paciente.
Prevención y resguardo de la salud
La fiscal Geria ordenó que, durante el cumplimiento de las diligencias, se adopten las medidas preventivas necesarias para proteger la salud del personal interviniente y evitar una eventual propagación de la enfermedad.
La actuación se encuentra en una etapa inicial de recopilación y verificación de información. Los informes requeridos, las declaraciones testimoniales y los antecedentes médicos permitirán determinar si existe un brote, cuál sería su alcance y qué condiciones sanitarias presentan los establecimientos alcanzados por la investigación.
La alerta está planteada y la Justicia exige respuestas urgentes. Sin embargo, hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre la existencia o la magnitud de un brote de tuberculosis en las cárceles de Salta.
