El trabajador murió tras ser atropellado por una máquina compactadora en marzo de 2024. Los acusados deberán pagar $30 millones a favor de la familia, cumplir tareas comunitarias y respetar inhabilitaciones laborales durante tres años.
Tres hombres imputados por la muerte de un obrero durante una obra vial en la Circunvalación Oeste de Salta obtuvieron la suspensión del juicio a prueba por tres años. La medida judicial contempla restricciones laborales, aportes económicos y controles para garantizar el cumplimiento de las condiciones impuestas.
El hecho ocurrió el 12 de marzo de 2024, en el acceso al barrio Grand Bourg. Según la acusación, uno de los imputados operaba una máquina compactadora y atropelló a un trabajador que se encontraba delante del equipo. La víctima fue trasladada al hospital San Bernardo, donde murió por las lesiones sufridas.
La investigación también alcanzó al jefe de mantenimiento y producción de la empresa y al mecánico responsable de los equipos, señalados por presuntas omisiones vinculadas con el estado y el mantenimiento de la maquinaria.
Reparación de $30 millones y sanciones laborales
La jueza María Victoria Montoya Quiroga concedió el beneficio por tres años, luego de analizar los requisitos legales. La Fiscalía adhirió al planteo de las defensas, mientras que la querella manifestó su oposición.
Los tres imputados deberán aportar $10 millones cada uno, en un plazo de 30 días. El dinero quedará a disposición del juzgado de Familia competente para su administración en beneficio del hijo menor de la víctima. La esposa del trabajador fallecido rechazó expresamente la reparación ofrecida.
La resolución también estableció inhabilitaciones por tres años: el operador no podrá conducir vehículos ni manejar maquinaria vial pesada; el jefe de mantenimiento no podrá ejercer funciones de supervisión o autorización sobre esos equipos, y el mecánico no podrá realizar tareas de mantenimiento, reparación o habilitación de maquinaria vial.
Controles y obligaciones
Los acusados deberán realizar capacitaciones en seguridad vial y prevención de riesgos laborales, además de efectuar diez aportes mensuales de $100.000 cada uno a dos hogares de adultos mayores.
La empresa deberá informar sobre las funciones laborales de los dos últimos imputados, mientras que el área provincial de Fiscalización, Higiene y Seguridad realizará inspecciones trimestrales sin previo aviso.
También deberán fijar domicilio, someterse al control judicial y abstenerse de cometer nuevos delitos. El incumplimiento injustificado de las condiciones podría provocar la revocación del beneficio y la reanudación del proceso penal.
La jueza aclaró que la reparación económica ofrecida no implica renunciar a un eventual reclamo civil integral por los daños ocasionados.
