El cargamento fue descubierto por Gendarmería en septiembre de 2024, durante un control sobre la ruta nacional 68, en Cafayate. La droga era trasladada hacia Tucumán en dos automóviles que cumplían funciones coordinadas: uno llevaba los estupefacientes y el otro actuaba como puntero. El Tribunal Oral Federal N.º 1 impuso penas de hasta siete años de prisión.
El Tribunal Oral Federal N.º 1 de Salta condenó a otros cinco integrantes de una organización narcocriminal que transportaba marihuana desde Salta hacia Tucumán. Con estas sentencias, ya son seis las personas condenadas por el operativo que permitió secuestrar más de 23 kilos de droga en Cafayate.
Las penas fueron de 7 años de prisión para Alejo Ricardo Silva; 6 años y 6 meses para Emilio Alejandro Tapia; y 6 años para Luciano Cancino y Mara Antonella Di Bez, esta última bajo arresto domiciliario. Los cuatro fueron considerados coautores del delito de transporte de estupefacientes. En tanto, Luis Benjamín Vicente recibió 3 años de prisión de ejecución condicional como partícipe secundario.
El primer condenado había sido Enzo Javier Gutiérrez, quien en abril de 2025 recibió una pena de cuatro años de prisión domiciliaria mediante un acuerdo pleno.
Dos autos y una maniobra coordinada
El procedimiento se realizó el 14 de septiembre de 2024, alrededor de las 5.30, cuando efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron un Renault Logan sobre la ruta nacional 68, a unos ocho kilómetros de Cafayate. El vehículo era conducido por Silva, acompañado por Tapia, Cancino y Vicente.
Según se probó durante el juicio, ese automóvil funcionaba como «coche puntero» de otro Renault Logan que circulaba detrás y transportaba la droga. En este último viajaban Gutiérrez y su pareja, Di Bez.
La circulación coordinada, el horario y la presencia de radios portátiles en ambos vehículos despertaron las sospechas de los gendarmes. Al inspeccionar el segundo automóvil encontraron una bolsa de arpillera con 24 paquetes de marihuana que superaban los 23 kilos.
Durante el operativo, Silva escapó hacia una zona de monte y permaneció prófugo hasta el 6 de agosto de 2025, cuando fue detenido tras regresar de Brasil, donde habría permanecido oculto durante unos once meses.
Los roles y las pruebas
La investigación fiscal reconstruyó la participación de cada acusado. Según la acusación, Silva encabezaba la maniobra y había empeñado un automóvil propio para reunir el dinero destinado a comprar la droga. Gutiérrez aportó el vehículo alquilado en el que se ocultó el cargamento, mientras que Tapia facilitó el automóvil utilizado como puntero, que finalmente fue decomisado.
La fiscalía también atribuyó a Di Bez y Cancino una participación activa en la planificación del traslado, mientras que consideró secundaria la intervención de Vicente.
Las defensas sostuvieron que sus representados desconocían la existencia de la marihuana. Sin embargo, el tribunal descartó esos argumentos y consideró acreditadas las responsabilidades penales.
Rechazaron reducir una de las condenas
Otro punto relevante del juicio fue el pedido de reducción de pena presentado por la defensa de uno de los acusados, a partir de un acuerdo de colaboración. El tribunal rechazó el planteo por unanimidad al considerar que los datos aportados no habían demostrado una utilidad investigativa concreta.
Los jueces señalaron que la información de un imputado colaborador debe ser precisa, verificable y aportar datos que permitan avanzar sobre hechos, personas o circunstancias que la investigación no conocía.
El debate se desarrolló entre julio y septiembre y estuvo a cargo de las juezas Gabriela Catalano, Marta Liliana Snopek y Alejandra Cataldi. Por el Ministerio Público Fiscal intervinieron Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual.
La acusación había solicitado penas superiores para varios de los imputados y destacó que la cantidad de marihuana incautada alcanzaba para elaborar aproximadamente 55.000 dosis.
