La viralización de imágenes que mostrarían actos de crueldad contra pequeños felinos desató indignación, denuncias y una manifestación frente al establecimiento comercial Punto Norte ubicado en pleno centro de Tartagal a metros de plaza San Martín. Hubo insultos, lanzamiento de piedras y debió intervenir Infantería.
El empresario Carlos Moya niega que se hayan matado animales y sostiene que todo estaría relacionado con una disputa económica con un exempleado, a quien acusa de haberle sustraído cerca de $40 millones. La Justicia deberá esclarecer ambas denuncias y determinar qué ocurrió con los gatos.
Tartagal vivió horas de fuerte tensión a raíz de un escándalo que combina presuntas situaciones de maltrato animal, denuncias por amenazas, acusaciones de extorsión y un conflicto económico de enormes dimensiones.
El episodio estalló luego de que comenzaran a circular por las redes sociales fotografías y videos en los que se observaría a un hombre manipulando pequeños felinos mediante un dispositivo de sujeción. Las imágenes provocaron una inmediata reacción de proteccionistas y vecinos, que exigieron una investigación judicial y reclamaron responsabilidades a las personas vinculadas con el establecimiento señalado.
La indignación se trasladó a las calles durante la tarde-noche del domingo, cuando decenas de personas se concentraron frente al local gastronómico, situado a pocos metros de plaza San Martín. La protesta fue subiendo de tono y terminó con la intervención de efectivos de Infantería, luego de registrarse insultos y lanzamiento de piedras. Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre personas heridas o detenidas.
El material audiovisual difundido en redes sociales se convirtió en el detonante de la controversia. Según las denuncias de quienes impulsaron los reclamos, las imágenes estarían relacionadas con presuntas maniobras de crueldad contra gatos y con una supuesta orden para actuar sobre los animales que permanecían en el predio.
Uno de los hombres que aparece en las grabaciones sería un médico veterinario que, según las versiones difundidas, habría sido convocado para intervenir sobre los felinos.
La gravedad de las acusaciones motivó pedidos de intervención de la Fiscalía Penal y presentaciones realizadas por vecinos y proteccionistas. Sin embargo, todavía deben establecerse mediante pericias la autenticidad, el contexto y las circunstancias en que fueron registradas las imágenes.
El trasfondo: una denuncia por un supuesto desvío de $40 millones
En paralelo al escándalo, salió a la luz una denuncia presentada el 23 de octubre por la esposa del empresario, quien aseguró que su familia venía recibiendo amenazas.
Según esa presentación, el conflicto se habría originado después de que el propietario detectara un faltante cercano a los 40 millones de pesos en las cuentas del negocio. El empresario atribuye los movimientos de dinero a un exempleado con más de tres años de antigüedad, a quien acusa de haber realizado transferencias hacia distintas cuentas mediante operaciones digitales.
La denuncia sostiene que, luego de descubrir las presuntas irregularidades y producirse el despido, comenzaron las amenazas y advertencias sobre la realización de un escrache público.
El empresario también presentó su versión ante los medios y calificó la difusión de las imágenes como un supuesto intento de extorsión. Negó categóricamente que se hayan matado gatos y aseguró que los animales fueron sedados por un veterinario para facilitar su traslado y posterior adopción.
Inspección policial y reclamo de intervención judicial
Mientras se multiplicaban las denuncias, efectivos policiales realizaron una inspección ocular en el establecimiento. La investigación deberá determinar qué ocurrió con los animales, quiénes intervinieron y si las imágenes corresponden a hechos de maltrato o crueldad animal.
También se deberán esclarecer las amenazas denunciadas por la familia del empresario y el supuesto perjuicio económico atribuido al exempleado.
Por otra parte, la Cámara de Turismo del Norte de Salta y el Centro Empresario Tartagal difundieron un comunicado en el que reclamaron respeto por el bienestar animal, pero también por la presunción de inocencia y el debido proceso.
Dos denuncias, versiones enfrentadas y una investigación que puede tener derivaciones penales. La Justicia tiene ahora la responsabilidad de establecer qué ocurrió realmente detrás de las imágenes que sacudieron a Tartagal, sin que las acusaciones cruzadas ni la violencia de la protesta sustituyan las pruebas necesarias para determinar responsabilidades.
