La pediatra y el enfermero fueron acusados de homicidio culposo por su presunta responsabilidad en la muerte de una pequeña que había ingresado al Hospital Público en marzo de 2020. El juez les concedió la suspensión del juicio a prueba por tres años. Deberán pagar una reparación económica de $47 millones, cumplir tareas comunitarias y tendrán prohibido realizar prácticas en hospitales públicos y centros de salud provinciales durante ese período.
Una causa judicial por la muerte de una niña de apenas dos años, ocurrida luego de su atención en el Hospital Público Materno Infantil de Salta, tuvo una resolución que evitó, al menos por ahora, la realización de un juicio oral contra los dos profesionales acusados.
Una médica pediatra y un enfermero, imputados por el delito de homicidio culposo en el marco de una presunta mala praxis, obtuvieron el beneficio de la suspensión de juicio a prueba —conocido como probation— por el término de tres años. La medida fue dispuesta por el juez Francisco Mascarello, vocal del Colegio de Jueces del distrito Centro, quien consideró que estaban reunidos los requisitos legales para concederla.
La prescripción de potasio, en el centro de la acusación
Según la acusación fiscal, el episodio se remonta a marzo de 2020, cuando la pequeña ingresó al Hospital Materno Infantil con un cuadro de vómitos y diarrea.
Durante la atención médica, la pediatra habría indicado un tratamiento con potasio mediante una prescripción que, de acuerdo con la investigación, contenía errores y resultaba confusa.
La acusación sostiene que el enfermero cumplió con esa indicación sin advertir las irregularidades, solicitar aclaraciones ni consultar con los médicos de planta sobre la prescripción.
Esos hechos fueron considerados por la Fiscalía dentro de la hipótesis de responsabilidad penal que dio origen a la imputación por homicidio culposo. La causa llegó así a una instancia en la que los dos profesionales solicitaron acceder a una salida alternativa al juicio.
Una reparación de $47 millones y tres años de restricciones
Como parte de las condiciones impuestas para acceder al beneficio, la médica deberá pagar $45 millones en concepto de reparación del daño, mientras que el enfermero deberá aportar otros $2 millones. El ofrecimiento, que totaliza $47 millones, fue aceptado por la damnificada, madre de la niña fallecida.
Sin embargo, la reparación económica no será la única obligación. Ambos deberán cumplir durante tres años una serie de reglas de conducta, cuyo incumplimiento podría provocar la revocación de la probation y la realización del juicio.
Entre las condiciones establecidas por el magistrado figuran:
- Fijar residencia y someterse al control de la Oficina Judicial.
- Abstenerse de realizar prácticas médicas en hospitales públicos y centros de salud dependientes del Ministerio de Salud de Salta durante los tres años de la suspensión.
- Realizar estudios y prácticas orientados a mejorar su capacitación laboral y profesional.
- Cumplir trabajos no remunerados en favor del Estado o de instituciones de bien público, fuera de sus horarios habituales de trabajo.
- Efectuar donaciones durante seis meses a la fundación responsable del Hogar Divino Niño, ubicado en la localidad de San Lorenzo.
La resolución judicial establece que los acusados deberán respetar estrictamente cada una de las obligaciones durante el plazo fijado. Si cumplen las condiciones, podrán acceder a la extinción de la acción penal en los términos previstos para la suspensión del juicio a prueba.
En cambio, si incumplen las reglas impuestas, el beneficio podrá ser revocado y deberán enfrentar el proceso penal.
La decisión judicial abre una nueva etapa en un expediente atravesado por una tragedia familiar y por cuestionamientos sobre la atención médica brindada a una niña de dos años. Aunque no habrá juicio oral mientras se mantenga vigente el beneficio, las obligaciones impuestas a los dos profesionales quedaron sujetas a un estricto cumplimiento durante los próximos tres años.
