Romina Balverdi está imputada por el homicidio de Roberto Barraza, ocurrido en el barrio Norte Grande. Su abogado sostiene que la mujer fue víctima de violencia de género durante casi dos décadas y plantea que actuó en un contexto de legítima defensa. La resolución judicial también tuvo en cuenta que sus dos hijos menores, ambos con discapacidad, quedaron sin cuidado.
La investigación por la muerte de Roberto Barraza, ocurrida durante la noche del lunes en el barrio Norte Grande de Tartagal, sumó un capítulo decisivo: la Justicia otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria a Romina Balverdi, su expareja, quien permanece imputada por el homicidio.
La medida fue adoptada después de que la mujer prestara declaración y su defensa solicitara que pudiera continuar el proceso desde su vivienda. Entre los argumentos considerados aparece una situación familiar especialmente delicada: sus dos hijos menores, ambos con discapacidad, quedaron sin el cuidado de su madre tras la detención.
El caso está rodeado de versiones contrapuestas y de un fuerte debate sobre el contexto en el que se produjo el desenlace fatal. Mientras la investigación busca reconstruir las circunstancias del ataque y determinar las responsabilidades penales, la defensa insiste en que la muerte de Barraza no puede analizarse como un episodio aislado, sino como el resultado de una relación atravesada por presuntos hechos de violencia durante años.
Una historia de denuncias y pedidos de protección
Uno de los aspectos más sensibles del expediente es el historial de violencia que, según la defensa y los familiares, habría marcado la relación durante más de una década.
El abogado Rambert Ríos sostiene que Balverdi había denunciado reiteradamente a su expareja y que había solicitado protección para ella y sus hijos. Según los antecedentes difundidos por medios locales, la mujer habría acudido incluso a la Ciudad Judicial de Tartagal durante septiembre para reclamar medidas de seguridad ante el temor por nuevas agresiones.
De acuerdo con el relato de sus familiares, durante aquella protesta se dispuso una custodia policial que posteriormente se habría retirado durante la madrugada, pese a que la mujer habría pedido que permaneciera en el lugar.
La defensa considera que esos antecedentes serán fundamentales para reconstruir lo sucedido y establecer si existió una situación de legítima defensa o un exceso en esa conducta.
El último enfrentamiento terminó con una muerte
La reconstrucción del episodio del lunes por la noche también forma parte de la investigación. Según la versión presentada por la defensa y los testimonios familiares, Barraza habría llegado inicialmente al lugar donde se encontraba Balverdi, en el marco de una reunión religiosa, y se habría producido una discusión.
La mujer habría solicitado asistencia policial, pero cuando los efectivos llegaron, el hombre ya se había retirado.
Posteriormente, ambos volvieron a encontrarse y se produjo un nuevo enfrentamiento. En esas circunstancias, Balverdi habría utilizado un arma blanca y Barraza recibió heridas que le provocaron la muerte.
El abogado aseguró que su defendida también resultó lesionada durante el episodio: mencionó dos dedos quebrados y un corte en el cuello. Estas lesiones deberán ser contrastadas con los informes médicos y las pericias incorporadas a la causa.
La situación procesal y las pruebas que busca aportar la defensa
Balverdi quedó imputada provisoriamente por homicidio calificado por el vínculo de pareja. La investigación está orientada a determinar cómo se produjo la agresión mortal, cuáles fueron las circunstancias previas y qué elementos permiten establecer la responsabilidad penal de la acusada.
La causa cuenta con la intervención de la Fiscalía Penal de Tartagal. En las primeras actuaciones se dispuso el trabajo de Criminalística y de investigadores del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Además, el cuerpo de Barraza fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense de Orán para la realización de la autopsia.
La defensa anticipó que presentará documentación, antecedentes de denuncias y otros elementos para acreditar el contexto de violencia que habría sufrido la mujer. Su planteo apunta a que el episodio sea analizado bajo la figura de la legítima defensa, aunque el propio abogado habló de un posible exceso.
Una causa que trasciende el homicidio
La prisión domiciliaria representa un cambio en la situación de Balverdi, pero no implica su absolución ni el cierre de la investigación. La mujer continuará sometida al proceso judicial mientras se reúnen las pruebas necesarias para esclarecer el caso.
El expediente abre, además, interrogantes sobre las denuncias previas, las medidas de protección que se habrían dispuesto y la respuesta institucional frente a los pedidos de ayuda.
La muerte de Barraza dejó una familia atravesada por una tragedia y a dos niños con discapacidad en una situación de especial vulnerabilidad. Ahora, la Justicia deberá establecer qué ocurrió aquella noche en Tartagal y determinar si la mujer actuó para defenderse de una agresión o si su conducta configura un delito en los términos que sostiene la acusación.
La discusión judicial recién comienza, pero el caso ya expone una problemática mucho más profunda: qué sucede cuando las advertencias y los pedidos de protección por violencia de género no logran evitar un desenlace irreversible.
