acuerdo de juicio abreviado propiciado por el titular de la Fiscalía General N°1 ante los TOCF, Diego Luciani, y el fiscal general adjunto de la Procuración General de la Nación, Sergio Mola, en el marco de la causa en la que se investiga la defraudación al Estado Nacional a través de la adjudicación y ejecución irregular de obras públicas viales en favor del grupo empresario que encabezaba Lázaro Báez.
De este modo, el juez Andrés Fabián Basso (que integró de forma unipersonal el tribunal) condenó a los por entonces funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Sergio Passacantando, Jorge Gregorutti y Carlos Alonso, y a los empresarios Martín Antonio Báez, Julio Mendoza y Fernando Butti como responsables —con distintos grados de participación— del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Las penas fueron de entre dos años y seis meses y tres años de prisión; en los casos de Báez y Mendoza, se unificaron con condenas anteriores en penas únicas de siete años y nueve meses y de cinco años y nueve meses, respectivamente.
Además, extendió a los condenados el decomiso dispuesto en la sentencia del 6 de diciembre de 2022 por el primer tramo de la causa, cuyo monto, actualizado al 15 de julio de 2025, asciende a 684.990.350.139,86 pesos.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal habían presentado, el 29 de abril pasado, el acuerdo alcanzado con las defensas de los imputados, que contó con la conformidad de la Unidad de Información Financiera (UIF), que es representada por el director de Litigios Penales de ese organismo, Mariano Galpern.
El detalle de las condenas
Martín Báez fue condenado a tres años de prisión como partícipe necesario. Como ya registraba una condena firme a seis años y seis meses de prisión dictada por el TOCF N°4 por lavado de activos agravado, el juez unificó ambas sanciones en una pena única de siete años y nueve meses de prisión, multa de cinco veces el monto de la operación, accesorias legales y costas.
