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En Orán vendieron una Hilux con papeles truchos y con pedido de secuestro: el comprador la perdió en un control de gendarmería

El comprador entregó otra camioneta y dinero en efectivo para cerrar la operación, pero meses después Gendarmería le incautó el vehículo en un control sobre la Ruta Nacional 34. La Hilux tenía un pedido de secuestro vigente desde 2025 por una causa de estafa en Tucumán.

Una operación comercial de 29 millones de pesos terminó bajo investigación judicial por una presunta maniobra fraudulenta. El propietario de una concesionaria de Orán, de 47 años, fue imputado por la presunta venta de una camioneta Toyota Hilux 4×4 que ya registraba un pedido de secuestro judicial en Tucumán cuando fue comercializada.

La investigación está a cargo de la fiscal penal Mariana Torres, interina en la Fiscalía Penal 3 y de Delitos Económicos y Complejos de Orán, quien dispuso la imputación provisional del comerciante por el delito de defraudación por estelionato, en calidad de autor.

Una operación de $29 millones que terminó en un secuestro

La denuncia fue presentada por un hombre que el 17 de diciembre de 2025 adquirió una Toyota Hilux 4×4 por un valor total de 29 millones de pesos.

Para concretar la compra, entregó otra Toyota Hilux modelo 2007, valuada en 19 millones de pesos, además de siete millones en efectivo y los tres millones restantes para completar el pago.

Sin embargo, lo que parecía una operación comercial habitual terminó convirtiéndose en un problema judicial cuando, el 29 de marzo de 2026, el comprador circulaba por inmediaciones de Aguaray y fue interceptado por personal de Gendarmería Nacional durante un control sobre la Ruta Nacional 34.

Al verificar los datos del vehículo, los efectivos constataron que tenía un pedido de secuestro vigente desde el 8 de junio de 2025, dispuesto por la Justicia de Tucumán en el marco de una investigación por estafa. La camioneta fue secuestrada.

El dato que compromete al vendedor

Uno de los elementos centrales de la investigación es que la restricción judicial era anterior a la operación comercial. Es decir, cuando el comprador pagó los 29 millones de pesos, la camioneta ya tenía un impedimento judicial que no habría sido informado.

Además, los investigadores detectaron irregularidades en la documentación entregada durante la operación, particularmente en el formulario 08 y los informes de dominio, que no reflejaban la situación registral vigente del rodado.

La Fiscalía reunió documentación registral, informes policiales, testimonios y movimientos bancarios para reconstruir las transacciones económicas entre las partes y determinar cómo se concretó la operación.

Una causa por defraudación

Para la fiscal Torres, existen elementos iniciales que permiten sostener que el comerciante habría ocultado deliberadamente la existencia del pedido de secuestro y utilizado documentación desactualizada para concretar la venta.

La maniobra investigada habría provocado un perjuicio económico directo al comprador, quien entregó otro vehículo y 10 millones de pesos para adquirir una camioneta que terminó incautada por una orden judicial preexistente.

La imputación fue encuadrada como defraudación por estelionato, prevista en el artículo 173, inciso 9, del Código Penal, en función del artículo 45.

La investigación continúa para establecer las responsabilidades penales y determinar las circunstancias en las que se comercializó un vehículo que ya estaba alcanzado por una medida judicial. Por el momento, el comerciante mantiene su condición de imputado y rige el principio de inocencia.

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