La propiedad pasará a manos del Estado Nacional. La decisión fue adoptada en el marco de una investigación dirigida por la PROCUNAR NOA, en la cual ya se había decomisado otra finca vecina, de más de 19 mil hectáreas, tras la condena de siete personas el año pasado, entre ellos el líder de la organización. Ambos inmuebles tienen una superficie superior a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lindan con Bolivia.
El Tribunal Oral Federal N°1, presidido por Federico Santiago Díaz e integrado por Marta Liliana Snopek y Mario Juárez Almaraz, resolvió el lunes 27 de noviembre el decomiso a favor del Estado Nacional del 95 %de la finca El Pajeal, ubicada en Salvador Mazza, en la frontera norte con Bolivia. Lo que ocurra con el porcentaje restante, en tanto, quedó a la espera de lo que se resuelva en un litigio iniciado por un puestero.
El requerimiento se hizo en el juicio seguido a Delfín Castedo, quien fue condenado el 7 de diciembre de 2022 a 16 años de prisión por ser considerarlo jefe de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y al lavado de activos provenientes de aquella actividad.
Aquél debate se extendió por más de un año, pues se había iniciado el 3 de noviembre de 2021. También fueron condenados el hermano de líder de la organización, Raúl, y el martillero público Eduardo Torino, a nueve años de prisión como miembros de una asociación ilícita. Por el mismo delito, recibieron 7 años de prisión los comerciantes Alberto y Luis Yudi, mientras que la expareja del líder, Melba del Carmen Araujo, recibió 5 años de prisión. En tanto, Mario Alberto Yudi -hijo de Alberto- recibió tres años de prisión por lavado de activos.
Al dictar la sentencia, el tribunal decidió diferir el pedido de decomiso realizado por la fiscalía respecto a la finca El Pajeal, aunque sí hizo lugar al decomiso -a favor del Estado Nacional- de la finca “El Aybal”, de 19.954 hectáreas, que limita con la frontera del Estado Plurinacional de Bolivia.
La espera, según los fundamentos de la sentencia, tuvo como motivo el análisis y resolución de una serie de planteos realizados respecto a la titularidad de la finca El Pajeal, principalmente de hijos del exdiputado provincial Ernesto Aparicio, quien había heredado la propiedad de sus padres Tobías Aparicio y Teresa Sarmiento junto a otros tres hermanos, a quienes luego les compró su parte de la propiedad.
El exlegislador fue el socio principal de Delfín Castedo en varias actividades del narcotráfico, relación que duró hasta el 10 de noviembre de 2013, cuando murió Aparicio y el jefe de la organización tomó el dominio de la finca, cuya ubicación es estratégica para la provisión de cocaína, pues la parte posterior de la propiedad, con una extensión de 7 kilómetros, colinda con Bolivia.
“Quedó plenamente probado que El Pajeal constituyó el instrumento por antonomasia del accionar delictivo de la asociación ilícita liderada por Delfín Castedo. En efecto, se trató del inmueble rural utilizado dolosamente como medio necesario para la comisión de la conducta delictiva”, sostuvo el tribunal.
