Mediante certificados de salud apócrifos, donde se consignaban datos falsos respecto a patologías preexistentes y a la edad de dos niños, hicieron que éstos sean vacunados en el Centro de Convenciones de Limache contra el COVID de manera irregular. También se juzgó a dos empleados administrativos por no realizar la verificación correspondiente.
El fiscal penal 3, Horacio Córdoba Mazuranic, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala IV del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra tres mujeres mayores de edad, empleadas del hospital Papa Francisco, como autoras de los delitos de uso de certificado falso, fraude a la administración pública y violación culposa de las medidas sanitarias en concurso ideal y contra dos empleados administrativos de un centro de vacunación por incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación culposa de las medidas sanitarias.
El hecho juzgado ocurrió en agosto de 2021, durante la pandemia de COVID, cuando se detectó que una empleada administrativa del hospital Papa Francisco y dos enfermeras del mismo nosocomio (madres de los menores involucrados) utilizaron certificados apócrifos con el membrete del hospital. Estos documentos se emplearon para emitir certificados para los dos niños, modificando sus fechas de nacimiento y edades, así como consignando patologías que no padecían. El propósito era que fueran vacunados contra el COVID-19, alterando así el plan de vacunación vigente según franjas etarias y comorbilidades existentes en los pacientes, poniendo en riesgo la salud de los menores.
En la investigación, se realizaron allanamientos en los domicilios de las tres mujeres, y en dos de ellos se secuestraron formularios con el membrete del hospital Papa Francisco.
También llegaron a juicio un hombre y una mujer, quienes se desempeñaban en el Centro de Recuperación COVID-19 ubicado en el Centro de Convenciones y estaban a cargo de la recepción y registro de las personas previamente anotadas mediante turno telefónico. Ellos omitieron constatar la identidad de los menores, ya que la persona que los llevó a vacunar no exhibió su DNI y facilitaron que accedan a la inoculación de una vacuna que no les correspondía.
La audiencia de debate fue presidida por la jueza Norma Vera y se desarrolló los días 16, 17, 18 y 19 de abril, donde prestaron declaración enfermeros del centro de vacunación, la Gerente del hospital Papa Francisco y las profesionales cuyos certificados habían sido falsificados con membretes del nosocomio y sin correspondencia en letra, firma, ni sello.
Este martes se produjo la audiencia de alegatos y tras deliberar, la jueza Vera condenó a la pena de 2 años de ejecución condicional a las tres empleadas del hospital público como autoras del delito de uso de certificado falso y al cumplimiento de reglas de conducta, mientras que los dos administrativos del centro de vacunación fueron absueltos de los delitos por los que llegaron acusados.
