Pidieron que se investigue a un testigo por falso testimonio e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Hoy continuó la recepción de declaraciones testimoniales en el juicio seguido contra veinte personas acusadas de conformar una organización narcocriminal que operaba desde la Unidad Carcelaria 1.
En la séptima jornada comparecieron familiares de internos y ex internos del penal, y funcionarios del Servicio Penitenciario retirados y en actividad. Entre estos últimos declaró un subdirector de la Unidad Carcelaria 1, quien en 2023 cumplía funciones de jefe del departamento de Vigilancia. En el transcurso de su exposición, la fiscalía solicitó que se remitan las actuaciones para que se investigue al efectivo por posible falso testimonio e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El tribunal hizo lugar al incidente.
La Unidad Fiscal advirtió que el testigo persistía en minimizar el peligro que implica la posesión de elementos punzantes por parte de los internos. Esto, en relación al secuestro de ciertos objetos del escritorio de los jefes durante el allanamiento realizado en el marco de la investigación.
El subprefecto dijo que los elementos secuestrados eran punzones que los penados utilizan para hacer trabajos en cuero. Señaló que el jefe de taller a veces autoriza que se los lleven a sus celdas. Según su experiencia –aseveró- en el caso de peleas los internos usan puntas hechizas de más de 30 centímetros. También arpones fabricados con palos a los que adosan puntas. Insistió en que los punzones no eran armas ni eran peligrosos.
El testigo también sostuvo que los celulares encontrados en la oficina de los jefes pertenecían al Servicio Penitenciario y que eran obsoletos, al igual que los cargadores secuestrados. En relación a estos dijo que “seguramente el personal los había encontrado tirados” en los pabellones.
Antes del incidente planteado por la fiscalía, el subprefecto había explicado que en el penal se realizan requisas generales y especiales. Estas últimas se hacen de manera sorpresiva. Consultado acerca del procedimiento indicó que, en caso de encontrarse elementos ilegales, se los enumera en un acta y son retirados por el sumariante. Si se secuestran celulares son trasladados con cadena de custodia.
El testigo afirmó que, según la normativa, los elementos no deberían quedar en poder de los jefes o en sus oficinas.
Durante la jornada también declaró la madre de un interno del penal. Precisó que, al momento de los hechos, en 2023, su hijo le pidió que le hiciera llegar un celular a través de un guardia cárcel. Recordó que el efectivo la llamó y la citó en la terminal, donde le entregó el teléfono y una suma de dinero. Ese monto era lo que el afectivo exigía para entrar el teléfono al penal. La testigo precisó que el sujeto vestía el uniforme del Servicio Penitenciario y que nunca le dijo su nombre.
Aseguró que su hijo recibió el celular, pero a los siete días se lo quitaron en un allanamiento. Dijo que le hizo una segunda entrega al mismo guardia cárcel: celular, cargador y dinero. En esa ocasión el funcionario estaba vestido de civil.
Otra de las testigos, madre de un ex interno, hizo referencia a las numerosas transferencias de dinero que su hijo le solicitó que hiciera mientras estuvo detenido. Dijo que esto ocurrió durante seis meses, hasta noviembre de 2023. Manifestó que, al principio, su hijo le decía que el dinero era para poder trabajar con artesanías. Después los montos fueron incrementándose y ella comenzó a dudar. Habló con él y le confesó que estaba consumiendo marihuana y que tenía deudas. Contó que el joven le pasaba números de CBU de diferentes cuentas. Los titulares a veces eran mujeres, a veces hombres. Manifestó que ella optó por pagar porque temía por la seguridad de su hijo.
El tribunal está integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Javier Aranibar (interino), vocales de la Sala VII del Tribunal de Juicio. Por el Ministerio Público interviene una Unidad Fiscal integrada por el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, y los fiscales Ana Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt.
Los imputados son veinte. Los funcionarios del Servicio Penitenciario están siendo juzgados por exacciones ilegales agravadas: concusión; comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; y asociación ilícita, todo ello en concurso real.
Los otros implicados (internos y familiares) están acusados por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas realizada en un lugar de detención, y asociación ilícita, en concurso real.
