Se trata de Carlos Ignacio Cialceta, procesado por el homicidio de un sindicalista ocurrido en 1976. El hombre estuvo prófugo durante seis meses tras la orden de detención y se le había dictado la prisión domiciliaria en diciembre de este año debido a su edad.
La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, integrada por los jueces Guillermo Federico Elías, Mariana Inés Catalano y Luis Renato Rabbi Baldi, revocó el viernes pasado el fallo que había dispuesto el arresto domiciliario de Carlos Ignacio Cialceta, el exteniente coronel del Ejército procesado por el homicidio de Jorge René Santillán. La decisión fue en línea con lo solicitado por el Área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Salta.
El arresto domiciliario había sido resuelto por el Juzgado Federal N°2 de Salta, a cargo de la magistrada Mariela Giménez, el 26 de diciembre pasado. En la resolución de la Cámara se ordenó el retorno del ex militar al Complejo Penitenciario Federal NOA III, lo que sucederá una vez que el fallo quede firme. La decisión se tomó por mayoría: en disidencia votó el juez Rabbi Baldi que consideró que no se advertía que la detención domiciliaria representara “un peligro actual y concreto contra la integridad y la finalidad del proceso”.
El caso
Cialceta fue procesado el 23 de octubre del 2020 por su responsabilidad material del homicidio de Jorge René Santillán, un sindicalista que integraba la Juventud Peronista y estaba identificado dentro del entorno político del ex gobernador Miguel Ragone. El gremialista fue detenido ilegalmente en su casa, en la localidad de General Mosconi, la noche del 10 de agosto de 1976. Su cuerpo apareció diseminado en Acambuco, pues había sido dinamitado, una práctica habitual durante la dictadura militar.
Tras una serie de planteos defensivos, el 6 de abril de 2021 se dispuso la prisión preventiva del exmilitar, quien se dio a la fuga. Por más de seis meses mantuvo esa condición hasta que el 11 de noviembre de ese mismo año fue recapturado en un departamento de calle Pueyrredón al 100, a pocas cuadras del juzgado federal. A partir de ese momento, el exteniente -quien al momento del hecho cumplía servicio en el Regimiento de Infantería de Monte 28, en Tartagal- permaneció preso en la Unidad Penitenciaria Federal ubicada en la localidad de General Güemes.
Tras la decisión de la jueza Giménez de otorgar el arresto domiciliario, el Área de Derechos Humanos solicitó la revocatoria del fallo, lo que sustanció el martes pasado en una audiencia donde el fiscal general Eduardo José Villalba formalizó el pedido para que el ex militar vuelva a prisión.
